En septiembre de 1997, el coordinador nacional de proyectos del Ministerio de Vivienda (Mivi), Leovigildo Gutiérrez, denunció que algunas personas cobraban comisiones a los interesados en obtener subsidios del Programa de Apoyo Rápido para la Vivienda de Interés Social (Parvis).
El programa se había creado en 1994, tras el ascenso del gobierno de Ernesto Pérez Balladares (Partido Revolucionario Democrático, PRD), y consistía en apoyo, con materiales de construcción y un subsidio de hasta mil dólares, a familias con ingresos menores a los 300 dólares para hacer mejoras a sus viviendas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cofinanciaba el proyecto.
Sin embargo, a poco andar, se acusó a personeros del gobierno de utilizarlo con criterios políticos. El legislador arnulfista Leopoldo Benedetti había denunciado que el Parvis era usado por el PRD para ganar más adherentes. En diciembre de 1997, los entonces legisladores Rubén Arosemena y Marco Ameglio cuestionaron la propuesta del PRD de exceptuar al Parvis del requisito de licitación.
Ante los insistentes señalamientos de irregularidades (como la distribución de materiales a personas que no calificaban para recibirlos) se iniciaron investigaciones. A mediados de 1999, ya había nueve funcionarios del Mivi destituidos y acusados por supuestos delitos en el manejo del Parvis. La paralización del programa, debido al escándalo, perjudicó a 47 mil familias solicitantes.
Tras el ascenso en septiembre de 1999 del gobierno de la arnulfista (panameñista) Mireya Moscoso, el nuevo titular de Vivienda, Miguel Cárdenas, comenzó una auditoría para determinar el verdadero estado del Parvis. El propio BID había solicitado que se aclarara la situación. Cárdenas desestimó al principio de su gestión más del 40% de las solicitudes e hizo correcciones en el contrato para mejorar la fiscalización. Además, incluyó la posibilidad de construir viviendas completas.
En noviembre de 2000, la excandidata a legisladora por el PRD y directora de Mejoramiento Habitacional de Vivienda del Mivi, Cecilia Monteza, fue condenada a siete años de prisión por peculado culposo en perjuicio de los fondos del Parvis.
El fallo del Juzgado Séptimo de Circuito Penal de Panamá la señalaba como infractora de los delitos de falsificación y uso de documentos falsos.
En julio de 2001, el BID confirmó que desembolsaría 30 millones de dólares para continuar con el Parvis. Pero, el ministro Cárdenas tuvo que hacer frente a nuevos señalamientos de representantes de corregimiento, que afirmaban que había “manejo político” en la entrega de materiales del programa. Cárdenas aclaró que mientras en la anterior administración algunos Parvis los manejaban los representantes, ahora todo lo hacía directamente el gobierno.
En octubre de 2002, Cárdenas anunció que para el año siguiente, el Parvis solo podría ayudar a 576 familias, lejos de las 2 mil 300 en 2002, debido a la instauración de un nuevo sistema de flujo de caja ajustado a la Ley 20 del 7 de mayo de 2002, (ley 3 en 1), destinada a la reactivación económica.
Ese año, la defensa de Monteza presentó una apelación en la que trataba de demostrar que al momento de los hechos por los que se la condenó, la ex funcionaria ya no laboraba en el Mivi.
Para septiembre de 2004 la ministra de Vivienda del gobierno de Martín Torrijos (PRD), Balbina Herrera, negociaba con la embajadora de Estados Unidos, Linda Watt, un nuevo financiamiento del BID para el Parvis, que no había sido renovado por la anterior administración. En noviembre se avisó que 700 funcionarios del Mivi quedarían cesantes por el fin del programa.
Un año más tarde, el Gabinete aprobó la firma de un préstamo con el BID, por 10 millones de dólares, para cinco programas de vivienda, entre estos, 2.5 millones de dólares para el “Parvis Mejorado”. El programa se reactivó en abril de 2006, luego de tomarse previsiones para evitar nuevos actos de corrupción.
Pero, para 2009, versiones opositoras denunciaban la ejecución del Parvis en plena campaña electoral. “Los Parvis no son politiqueros”, ripostó el entonces ministro de Vivienda, Gabriel Diez.
A finales de ese año, ya gobernaba la alianza encabezada por Ricardo Martinelli y el partido Cambio Democrático. En febrero de 2010, el nuevo titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Carlos Duboy, señaló que el gobierno destinaría durante su gestión unos 500 millones de dólares a viviendas de interés social. Dentro de esa inversión estaba el Parvis, respaldado con 30 millones de dólares por el BID.
En mayo del año siguiente, el propio Duboy tuvo que admitir que fondos del BID, destinados para viviendas de interés social en el Casco Antiguo, se usaron en otros proyectos, como el Parvis.
El pago de un nuevo impuesto de timbre obligatorio para quienes hacen trámites de mejoras de vivienda de interés social, como los del Parvis, generó, ya en mayo de 2012, malestar entre representantes de corregimiento de Los Santos. El impuesto fue creado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y lo cobra la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos.
Según lo establecido por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Programa de Apoyo Rápido para Viviendas de Interés Social (Parvis) financia la construcción de unidades básicas de vivienda de 36 metros cuadrados, para familias que tengan ingresos inferiores a 300 dólares mensuales. “El subsidio habitacional no-retornable está distribuido en sala-comedor, dos recámaras y portal, internamente resanadas y repelladas por el exterior e incluye la instalación del sistema eléctrico y pintura”, especifica el Miviot.
La gestión, administración y construcción de las unidades habitacionales las efectúan empresas privadas, y el control, monitoreo y evaluación de los procesos los realizan las autoridades. Las unidades básicas se edifican en los lotes de terreno sobre los cuales la familia beneficiaria tiene derecho legal.
