La conciliación, como forma de resolución en los temas de violencia contra las mujeres en la vida política, quedará prohibida de aprobarse en la Asamblea Nacional una propuesta de ley para combatir, sancionar y erradicar dicho delito.
El anteproyecto de ley, de 30 artículos y presentado por la diputada perredista Kayra Harding -que en abril protagonizó un altercado con su colega y copartidario Jairo Salazar-, lista 22 manifestaciones de violencia política contra la mujer, que van desde la violencia física, sexual, psicológica y ética, hasta la discriminación a lo interno de los partidos políticos.
A nivel internacional, la violencia política contra las mujeres es un tema ampliamente discutido. En 2015, Panamá avaló la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres, de la cual surgió la Ley Modelo Interamericana, pero el país no la ha implementado.
La iniciativa de Harding contempla sanciones por la comisión de actos de violencia contra la mujer en la política. Estas se agravarán cuando: “las acciones hayan sido realizadas por servidores públicos, candidatos, precandidatos o militantes en los partidos políticos o activistas por libre postulación. Si los actores son reincidentes y si las faltas son cometidas en la campaña electoral”.
De aprobarse, los partidos deberán adecuar sus estatutos, y el Ministerio de Educación deberá incluir el tema en los programas de educación.
