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PROCESO

Testigos protegidos: pruebas de fiscalía en caso de la Joyita

El 17 de diciembre de 2019, durante un enfrentamiento con armas de fuego en el pabellón 14 de la cárcel La Joyita, 13 reos fueron asesinados y 14 resultaron heridos.

Testigos protegidos: pruebas de fiscalía en caso de la Joyita
La audiencia se llevó a efecto en la sala de audiencias del Centro Peniten ciario La Joya, en Pacora. El acto, al que no tuvo acceso la prensa, comenzó con una hora de retraso. Aivy Pinto

La declaración de tres testigos protegidos sería la piedra angular de la investigación que sigue el Ministerio Público por la masacre ocurrida el 17 de diciembre de 2019 en La Joyita, suceso en el que fueron ultimados 13 internos y 14 resultaron heridos.

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La pesquisa está a cargo de la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio Metropolitana, que lidera el fiscal David Mendoza.

El propio Mendoza, quien confirmó la participación en el proceso de los tres testigos protegidos, solicitó ayer a un juez de garantías la imputación de cargos por homicidio y tentativa de homicidio a las 12 investigados por el hecho.

En la audiencia de imputación, que se celebró en la sala de audiencias de La Joyita a puerta cerradas por petición del Ministerio Público, Mendoza dijo tener evidencias que vinculan a los investigados con los crímenes.

La audiencia, programada para la 9:00 a.m., aunque se inició a las 10:08 a.m., estuvo presidida por el juez de garantías Erick Javier González.

Los 12 investigados ingresaron en la sala esposados de pies y manos. Vestían suéteres, pantalones cortos y chancletas. Durante su presentación ante el juez de garantías, 7 de los internos reconocieron haber llegado hasta el segundo y tercer año de secundaria, 2 alcanzaron el quinto año de bachillerato, mientras que otros 2 aseguraron haber alcanzado el primer año de secundaria y 1 llegó hasta el sexto grado de primaria.

Solo uno de los imputados pasa de los 40 años de edad, y el más joven tiene 24.

Por seguridad, no se permitió el ingreso de familiares de los investigados a la sala de audiencias, mientras que el defensor de las víctimas, Abdiel Ábrego, manifestó que los parientes de estas decidieron no acudir a la audiencia por temor a sufrir represalias.

Al menos 15 agentes de la Policía Nacional y custodios del Sistema Penitenciario permanecían en la sala. Miembros del Grupo de Apoyo al Servicio (GAS) custodiaban el exterior del edificio.

El fiscal Mendoza también citó los informes de autopsia suscritos por peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses, los cuales revelaron que algunos de los internos presentaron heridas de balas, pero su muerte fue causada con armas punzantes.

Añadió que otros presos del penal sufrieron heridas menores a causa de golpes, disparos y cortaduras.

Mendoza precisó que el móvil de la masacre fue la disputa del liderazgo de una pandilla y que la mayor parte de los internos del pabellón 14, en el que se registró la masacre, tienen relación con dicha banda criminal.

Después de la solicitud de imputación efectuada por el fiscal Mendoza, el juez González preguntó a los internos si habían comprendido los cargos, a lo que algunos contestaron que no y por ello decretó un receso para que sus abogados les explicaran.

Finalmente, los 12 reclusos fueron imputados.

Rubén Ortiz, su abogado defensor, aseguró que la fiscalía no individualizó la responsabilidad de cada de uno de los investigados.

De acuerdo con el jurista, el Ministerio Público hizo una acusación genérica contra 12 personas, pero no detalló sus acciones contra las víctimas.


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