La fiscal anticorrupción Anilú Batista inició la audiencia de ayer con la individualización de los transportistas que, de manera irregular y con la ayuda de funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transportes Terrestre (ATTT) y representantes de las concesionarias, recibieron compensaciones por sus buses tipo diablos rojos, entre los años 2010 y 2014.
En el cuarto día de audiencia preliminar, la fiscal Batista alegó que algunos transportistas, en su afán de conseguir el dinero de la compensación, trajeron buses del interior a los que, incluso, se les había retirado el cupo, a pesar que no tenían derecho a este beneficio, pues prestaban el servicio en Santiago, Penonomé, Chiriquí, Los Santos y Chitré.
En su relato, Batista expuso que el modus operandi consistía en que los directivos de las concesionarias solicitaban la suspensión del cupo, luego lo asignaban a una de las rutas troncales o de corredor en la ciudad de Panamá y certificaban a la ATTT que el bus tenía varios años de prestar el servicio en esa ruta.
Para permitir el cambio de ruta, la concesionaria -con ayuda de los funcionarios de la ATTT- permitía el pago de placas vencidas por períodos de hasta ocho años. En una semana o 15 días, el transportista recibía el pago de $25 mil y $75 mil.
Ayer, la fiscal pidió al tribunal llamar a juicio a los primeros 25 transportistas, entre los que se encuentran mujeres y adultos mayores, algunos de los cuales alegan que solo prestaron sus nombres para la obtención del certificado de operación, ya que el verdadero dueño del bus era un hermano, esposo o socio.
La fiscalía presentó ante el tribunal copia de los cheques en los que consta que se compensaron los buses y los documentos en los que las prestatarias cancelaban los cupos y luego el bus se activaba en otra de las rutas de la ciudad de Panamá. Además, dio detalles de la secuencia de los trámites en la ATTT, que evidencian la celeridad con que se producía la entrega de la compensaciones.
