Por estos días, las miradas están puestas en la Defensoría del Pueblo en momentos en que la Asamblea Nacional se apresta para escoger a la persona que reemplazará en el puesto a Lilia Herrera Mow.
Desde que la entidad fue creada por Ley el 7 de febrero de 1997, quienes pasaron por ahí han dado que hablar. En algunos casos, sus acciones u omisiones fueron cobijadas por silencios y, en otros, causaron mucho estruendo en la opinión pública.
El primero en ejercer el puesto fue Ítalo Antinori Bolaños, nombrado el 27 de junio de 1997 por el Legislativo durante el período del entonces presidente de la República Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
El jurista, escogido de una lista de 52 candidatos, entró con el pie derecho a la entidad. Un año después, mantuvo una fuerte pugna con Pérez Balladares tras hacer pública su posición sobre la reelección presidencial, que este último buscaba mediante una reforma constitucional. Sus críticas al uso de la publicidad estatal para favorecer el sí fueron constantes.
También se destacó por su oposición a proyectos de minería, impulsados por figuras cercanas al poder. Antinori finalizó su gestión en 2001.
Durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004), la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, nombró a Juan Antonio Tejada, quien se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público.
Uno de los temas que caracterizó la gestión de Tejada fue el acceso a la información. La Defensoría del Pueblo, que potenció dentro de la entidad la figura del relator sobre la libertad de expresión, interpuso varios hábeas data para obligar a las instituciones a entregar información a la ciudadanía.
En 2005, se aprobó la Ley 41 que hizo cambios a la norma que creó la Defensoría y le quitó potestad para investigar casos de servidores en el Órgano Legislativo, Judicial, Ministerio Público y Tribunal Electoral.
PROTESTAS Y SÚPLICAS
El tercer defensor fue el abogado Liborio García, el único que ha sido destituido del cargo formalmente. Fue escogido el 24 de marzo de 2006, con 48 votos de la Asamblea Nacional que controlaba el entonces oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante la administración presidencial de Martín Torrijos (2004-2009).
Una denuncia de su esposa ante el Ministerio Público por maltrato doméstico activó a las agrupaciones en defensa de la igualdad de género y contra el maltrato.
Pese a que había sido sobreseído y el funcionario había mostrado “arrepentimiento” público, la presión de las organizaciones de mujeres, entre las que destacaban Teresita Yániz de Arias y Vivian Fernández de Torrijos, fue clave para su destitución el 30 de junio de 2006. Para justificar la decisión, los diputados plantearon que García participó en un acto proselitista y violó el artículo 13 de la Ley de la Defensoría del Pueblo.
El reemplazo de García se conoció al año siguiente cuando, con 54 votos, el Legislativo eligió al abogado Ricardo Vargas el 28 de junio de 2007 como nuevo defensor. Su período se extendió hasta 2011, ya en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Se dio a conocer tras refutar la opinión de varios ministros y salir a la palestra pública en temas como la minería. Por ejemplo, cuestionó al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino cuando anunció la restricción de visitas en varios centros penitenciarios.
LA MÁS POLÉMICA
En abril de 2011, la entidad abrió la puerta a Patria Portugal, hija de Heliodoro Portugal, una de las víctimas de la dictadura militar. Su designación no fue sorpresa para muchos, pues antes de ser elegida, el presidente Martinelli, que controlaba la Asamblea en alianza con el Partido Panameñista, manifestó su inclinación hacia ella. Su estadía en la Defensoría del Pueblo estuvo rodeada de escándalos, los que motivaron su separación del cargo el 24 de julio de 2013.
En mayo de 2012, con poco más de un año en el cargo, la funcionaria adquirió una camioneta modelo Lincoln Navigator por la suma de $87 mil. El carro, automático y 4x4, pertenece a la línea de lujo de la marca Ford, más lujoso que los Toyota Prado utilizados, en su momento, por el presidente, Ricardo Martinelli, los cuales tenían un valor cercano a los $60 mil.
Más tarde, salieron a relucir los contratos que hizo la entidad, entre ellos, el pactado por $250 mil con la empresa Imaginarium Studio, S.A., para una consultoría de cambio de imagen que incluyó el desarrollo de una página web. Además, un contrato para la empresa Avant, S.A., por $200 mil para una consultoría con el fin de mejorar la atención al cliente en la entidad. Ambas instancias de la misma familia.
La polémica fue tanta que se destituyó a Portugal por “negligencia notoria” (49 votos a favor de la destitución y 11 se abstuvieron).
Tras su salida, en la escena quedó la abogada Lilia Herrera Mow, escogida el 4 de septiembre de 2013. En la actualidad, Herrera Mow está en el cargo, pero ha mantenido un perfil bajo. Hizo fuertes críticas a la política del Gobierno de trasladar reos a Punta Coco, en la Isla del Rey, decisión del Ejecutivo que recientemente fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.