Las magistradas del Segundo Tribunal de Justicia María Luisa Vigil, Georgina Tuñón y Marlene Morais se acogieron al término de 30 días para dictar sentencia en el proceso seguido al teniente de la Policía Nacional Alexander Rosales por la supuesta comisión del delito de homicidio en perjuicio de los menores de origen hindú Twinkal Sureshbhai Ahir e Ishan Bhiku Ahir, hecho ocurrido el 23 de octubre de 2013 en San Carlos, Panamá Oeste.
En la audiencia, que se inició a las 10:30 a.m. y se extendió hasta las 8:25 p.m., la defensa de Rosales atribuyó a un error involuntario del agente los disparos que ocasionaron la muerte de ambos jóvenes.
Guillermina McDonald, abogada defensora de Rosales, aseguró que su cliente nunca tuvo intención de ocasionar la muerte de ambos jóvenes y que este actuó convencido de que el auto estaba ocupado por presuntos miembros de una red de narcotraficantes a los que se les estaba dando persecución policial ese día.
Durante la audiencia en derecho celebrada en el Segundo Tribunal de Justicia, McDonald alegó que la fiscalía nunca pudo probar con certeza que alguno de los proyectiles encontrados a las víctimas corresponde al arma de Rosales.
McDonald sustentó su tesis en el análisis hecho por el perito balístico privado David Villarreal, quien aseguró que la fiscalía no probó de forma científica de qué arma se detonó el proyectil que ocasionó el fallecimiento de los menores.
Durante su intervención, Villarreal alegó que los peritos de la fiscalía solo utilizaron una coincidencia entre el arma de Rosales y un fragmento de proyectil, cuando la norma indica que se deben usar cinco coincidencias por lo menos para tener un grado de certeza sobre cuál fue el arma de donde salió el disparo.
Mientras que el fiscal tercero superior, Rodman Tristán, solicitó la pena máxima para Rosales bajo el argumento de que este no cumplió con el reglamento de la Policía y abrió fuego con su arma en un poblado.
Tristán detalló que el teniente, junto con otros compañeros, abrió fuego de manera indiscriminada sin tener certeza de quiénes ocupaban el vehículo.
Mientras que Rogelio Cruz, quien representaba a los familiares de las víctimas, también pidió la condena de Rosales por haber actuado de manera temeraria al hacer uso de su arma de fuego en medio de una población.
Para Cruz, todos los agentes de la Policía que participaron del operativo violaron las normas de conducta policial.
El incidente se produjo el 23 de octubre de 2013, cuando los policías daban persecución a un grupo de presuntos narcotraficantes.
Durante la persecución, el auto en que viajaban los jóvenes, con algunos familiares, fue confundido con el de los narcos y, al llegar a un retén en San Carlos, los policías abrieron fuego contra el vehículo equivocado.