El tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto colombiano anunció ayer martes que investigará a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la disuelta guerrilla que firmó la paz en 2016, por el reclutamiento de 18 mil 667 menores de 18 años de edad en sus cinco décadas de levantamiento armado.
“Instrumentalizar niños y niñas en el conflicto ha arrojado dolor en la sociedad colombiana”, expresó el presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, en una conferencia de prensa en Bogotá.
El tribunal detalló que al menos 5 mil 691 de los casos corresponden a menores de 14 años o menos, lo que infringe las normas del Derecho Internacional Humanitario.
“Las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado, a niños y niñas de este rango de edad, contrariando sus propias disposiciones”, sostuvo la Justicia Especial para la Paz en un comunicado.
La investigación priorizará los hechos ocurridos entre 1996 y 2006, periodo que concentra la mayoría de casos. Solo en 2013, mil 766 menores fueron reclutados, según la JEP.
Un grupo de 26 excombatientes de la disuelta guerrilla marxista fue llamado a dar su “versión voluntaria” sobre estos hechos.
Los jueces decidirán posteriormente si presentan cargos por “crímenes internacionales”, entre ellos, desaparición forzada, homicidio y violencia sexual, asociados al reclutamiento de menores de edad.
De acuerdo con el tribunal, varios de los menores reclutados fueron sometidos por los guerrilleros a “abortos forzados” y “acceso carnal violento”.
La Justicia Especial para la Paz imputó durante el pasado mes de enero a ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente por el secuestro de 21 mil 396 personas entre los años 1990 y 2016.
Todos esos exguerrilleros aceptaron su responsabilidad por los secuestros y esperan una sanción.
Docenas de exmilitares también han sido imputados por el asesinato de 6 mil 400 civiles que fueron ejecutados por el ejército y presentados como bajas en combate a cambio de beneficios, en el escándalo conocido en el argot militar como “falsos positivos”.
Surgida del acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016, la Justicia Especial para la Paz ofrece a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas penas alternativas a la prisión.
Este tribunal, sin embargo, no ha emitido todavía su primera sentencia desde que fue creado.
