Los nuevos magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), Diógenes de la Rosa Cisneros y Elías Solís, coinciden en que hay que realizar una auditoría administrativa y jurídica en la institución.
“En estos momentos estamos trabajando en un diagnóstico de las necesidades internas de la institución y hemos solicitado una auditoría tanto en lo administrativo como en la parte jurídica para revisar todos los temas”, afirmó de la Rosa Cisneros.
Por su parte, el magistrado Solís expresó su interés por transformar la institución en una entidad modelo del sector público.
“Nos hemos encontrado con una institución un poco retrasada en el desarrollo que ya debería tener, porque va a cumplir 11 años de existencia”, resaltó Solís. El TACP fue creado mediante la Ley 22 de 2006.
Solís y de la Rosa participaron en su primera sesión del pleno el pasado viernes 10 de junio, en la que se eligió la nueva junta directiva y, en una decisión consensuada con la magistrada Zaira Santamaría de Latorraca, se escogió al azar como magistrado presidente a de la Rosa; a Solís como vicepresidente y a Santamaría de Latorraca como vocal.
En tanto, Solís indicó que ha recibido informes de que el pleno del tribunal tenía año y medio que no se reunía.
De la Rosa y Solís reemplazaron a Anabelle Padilla y Manuel Cupas, respectivamente, tras ser nombrados por el presidente Juan Carlos Varela en junio pasado tras cerca de un año de mora. A Cupas se le había vencido en agosto de 2015 el período de cinco años por el cual había sido nombrado y a Padilla en febrero del mismo año.
El magistrado presidente aseguró que el objetivo es darle un perfil a esta institución distinto al que tiene ahora, en el que se note el profesionalismo, la integración entre sus miembros y la transparencia.
“Tenemos que mejorar nuestro sitio web para que todo lo que se está tramitando se pueda conocer en momento real y se pueda ver el tiempo que demoran los expedientes y el nombre del magistrado que es el ponente de cada caso.
Planteó que lo más urgente que hay que elaborar son los manuales de procedimiento interno. “No existe un manual de reparto de expedientes, necesitamos atender ese tema para que no le toque [un expediente] al magistrado que se le pegue la gana”, planteó.
Indicó que “ese es un tema que estamos trabajando en este momento y estamos tratando de solucionarlo”.
Precisó que existen algunos manuales, los cuales están desfasados, y otros fueron derogados y no han sido reemplazados. “Aquí hay que actualizar casi todo”, advirtió el magistrado.
Otro punto que destaca de la Rosa es la necesidad de contratar más personal capacitado. “No tenemos tanto personal, somos alrededor de 45 personas entre la parte jurídica y administrativa, y hay que reforzar la parte administrativa. Requerimos de un auditor, personal para recursos humanos, relaciones públicas, un asistente administrativo, una oficina de proyectos y programas.
También cuestionó la capacidad de las instalaciones del tribunal, ubicadas en Albrook. “Tenemos 650 metros cuadrados y requerimos aproximadamente mil 200 metros cuadrados. “Estamos muy limitados [en espacio]”. Afirmó que se designó a la magistrada Santamaría de Latorraca para trabajar en la búsqueda de una nueva sede para la entidad.
En tanto, el magistrado Solís sostiene que encontró una institución sumida en una especie de luchas internas entre los magistrados, lo que desgastó muchísimo la institución, y no permitió que todos los escenarios planteados se desarrollaran eficientemente.
Sobre las diferencias internas que tenían los anteriores magistrados, de la Rosa señaló que fue una situación lamentable, que no se pudo superar durante la pasada administración. “Creo que sobre eso solo deberán responder los anteriores magistrados, pero en mi interior creo que no atacaron las necesidades”, denunció.
El actual presupuesto de del tribunal es de $1 millón 900 mil y una parte va dirigido al Centro de Investigación y Documentación de Contrataciones Públicas de Panamá, sostuvo.
Explicó que el centro de investigación es un lugar donde los magistrados y particulares pueden buscar información sobre las contrataciones públicas para conocer los antecedentes de la jurisprudencia dictada en este aspecto. Lamenta de la Rosa las condiciones actuales del centro, ya que se hace difícil encontrar información cuando se acude al lugar.