El Segundo Tribunal Superior confirmó una sentencia a 18 meses de prisión impuesta a Juan Bosco Molina por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones en el ejercicio de su cargo como juez quinto de lo civil, hechos que datan de hace 17 años.
Así consta en edicto número 122, colgado el 2 de marzo en la Secretaría del Tribunal, cuyo fallo ratifica una sentencia dictada en primera instancia, también a 18 meses de prisión, al pago de una multa de $2 mil 500 y a un año de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena de prisión.
La sentencia es por una decisión que tomó Molina en 2005, como juez, de entregar los intereses devengados de tres certificados de garantías que habían sido secuestrados por otro juzgado civil.
En 2006, el Segundo Tribunal lo sobreseyó, pero el Ministerio Público apeló y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó ampliar el sumario en 2007.
Un año más tarde, el 23 de julio de 2008, el Segundo Tribunal Superior lo separó del cargo y sostuvo que Molina incurrió en una conducta “reprochable” al aprobar, “de manera arbitraria”, la entrega de los intereses, desconociendo la medida cautelar patrimonial existente en relación con estos.
Molina apeló, pero no fue sino hasta el 2 de abril de 2019 –casi 11 años después– cuando la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó dicha medida.
El fallo de la Sala Segunda de lo Penal, con ponencia del magistrado Jerónimo Mejía y avalado por sus colegas José Ayú Prado y Harry Díaz, concluyó que la separación de Molina no fue una medida cautelar, toda vez que se aplicó debido a que el delito de abuso de autoridad tiene pena de prisión.
La denuncia contra Molina por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones fue presentada por Juan Felipe de la Iglesia y Héctor Castillo, quienes, como se dijo, alegaron que Molina, en el ejercicio de sus funciones de juez, entregó a una de las partes de un proceso civil los intereses generados por unos certificados de garantías, a pesar de que había una orden de secuestro de esos bienes.
Actualmente, el Ministerio Público investiga a dos jueces –uno penal y otro civil– denunciados por la propia Corte debido a presuntas anomalías en el ejercicio de sus funciones.
