El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales que valida la orden de indagatoria de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por presunto blanqueo de capitales en el caso New Business.
La decisión se publicó en un edicto del 9 de noviembre de 2021 del juzgado, a cargo de Baloisa Marquínez.
El abogado Carlos Carrillo, del equipo de Martinelli, había presentado un incidente de controversia, alegando el llamado “principio de especialidad”, consignado en el tratado de extradición de 1904 entre Panamá y Estados Unidos.
Carrillo confirmó que también tramita un recurso similar, pero en el caso Odebrecht, donde su cliente también fue llamado a indagatoria.
El fiscal de New Business, Emeldo Márquez, sostiene que el Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de perseguir los delitos. Márquez se apoya, además, en una decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia del 14 de noviembre de 2017, que declaró el caso como causa compleja debido a la pluralidad de los hechos investigados, que tiene rasgos transnacionales, ya que varias de las transferencias de dinero se hicieron desde el exterior.
Sobre este tema, en diciembre de 2019 Thomas Hainemann, consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, envió una carta al Ministerio Público informando que Martinelli ya no era objeto del principio de especialidad en materia de extradición, a raíz de que se le había permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.
Martinelli, extraditado de Estados Unidos el 11 de junio de 2018 para responder por el caso pinchazos, es una de los 25 personas para las que la fiscalía ha pedido juicio en este proceso que le sigue el rastro a la compra de Editorial Panamá América, S.A. (Epasa), supuestamente con fondos públicos en 2010.
Martinelli no ha declarado. El 2 de julio de 2020, cuando debía responder ante el fiscal, se acogió al artículo 25 de la Constitución. Luego presentó incapacidades y recusó a Márquez.
Por su parte, Roniel Ortiz, también del equipo legal del exmandatario, dijo que en este expediente su cliente tiene todas las pruebas de que se trata de un dinero “bancarizado y legalmente justificado”.
Para la fiscalía, sin embargo, se ha podido establecer que se transfirieron, a través de un complejo esquema, $43.9 millones para la compra del grupo Epasa y se logró recuperar $9.2 millones (un 20%) “en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional”.
Ortiz dijo que el hecho de que un grupo económico haya “entregado” el 20% de las acciones al Tesoro significa que el Estado debería responsabilizarse proporcionalmente de los gastos de operación del grupo editorial, desde electricidad hasta el pago de planillas.
El pasado viernes 12 de noviembre, se esperaba dar inicio a la audiencia preliminar del caso New Business, pero por falta de la debida notificación del imputado Daniel Ochy Diez, fue suspendida.
Marquínez dispuso celebrar la audiencia en la fecha alterna: 27, 28 y 31 de enero de 2022, en el teatro Balboa.