El presidente Laurentino Nito Cortizo anunció que acatarán cien por ciento el fallo de la Corte Suprema de Justicia que permite a Uber y otras plataformas tecnológicas de transporte cobrar en efectivo, una vez la Corte notifique al Ministerio de Gobierno de la sentencia.
Sin embargo, fuentes del Órgano Judicial informaron que el Ministerio de Gobierno no es parte del proceso, porque se trata de una demanda de nulidad y no de plena jurisdicción.
De hecho, ya la Corte notificó de la sentencia a la Procuraduría de la Administración, como parte del caso. Así lo informó ayer a este medio el procurador Rigoberto González.
Mientras, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) insiste en esperar a que la Corte se pronuncie sobre el recurso de aclaración de sentencia interpuesto por la Cámara Panameña de Transporte.
El viernes 21 de febrero, en pleno Carnaval, la ATTT informó que el pago en efectivo quedaba suspendido hasta que la Corte se pronunciara sobre la aclaración de sentencia.
Uber y el choque de poderes
Aunque el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, aseguró ayer que acatarán al cien por ciento el fallo de la Corte Suprema de Justicia que autoriza a las plataformas digitales de transporte para seguir cobrando en efectivo, todo sigue igual.
La decisión de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de prohibir el cobro en efectivo se mantiene. De hecho, en esa entidad insistieron ayer que esperarán a que la Corte se pronuncie sobre la aclaración de sentencia que solicitaron a ese tribunal, a raíz del fallo del pasado 26 de diciembre que declaró ilegal el decreto del Ministerio de Gobierno que prohibió el cobro en efectivo.
En la escuela Manuel José Hurtado, en el casco viejo de la capital, desde donde habló a los panameños a propósito del primer día de clases, Cortizo prometió que acatarán al fallo una vez se notifique al Mingob. “Yo no tengo absolutamente ninguna duda […] al final el resultado será el mismo”, manifestó el gobernante a los periodistas que lo abordaron luego de los actos propios del inicio del año escolar.
En la Corte
Fuentes del Órgano Judicial informaron ayer que ya notificaron a la Procuraduría de la Administración, como parte del proceso, y que ni la ATTT ni el Mingob son parte de este, pues se trata de una demanda de nulidad y no de plena jurisdicción.
El decreto del Mingob fue demandado ante la Corte por la Asociación de Consumidores Libres.
Con respecto, a la aclaración de sentencia, afirmaron que ya existe un proyecto de fallo en lectura.
La controvertida historia de la operación de aplicaciones como Uber y Cabify en Panamá se complicó el pasado viernes 21 de febrero, cuando la ATTT informó a través de un comunicado que el cobro en efectivo y la expansión nacional de las plataformas digitales quedaba suspendida.
“Considerando que el fallo sobre el Decreto 331 que regula las plataformas requiere de un pronunciamiento final por parte de la Corte Suprema de Justicia, queda suspendido el cobro en efectivo y la expansión nacional de las plataformas que operan en el sector”, indicó la entidad en la nota.
Después del fallo que benefició a las plataformas digitales, la Cámara Panameña de Transporte (Canatra) presentó un recurso de aclaración de sentencia ante la Corte.
En este escenario, dos magistrados del máximo tribunal hablaron del fallo y la aclaración de sentencia el pasado viernes.
José Ayú Prado aseguró que la Corte ya emitió una decisión. “Esa decisión debe acatarse y estamos seguros de que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y los usuarios del sistema van a ponerse de acuerdo para acatar el fallo”, expuso.
“Preocupa que se quiera jugar a la justicia para no acatar una decisión jurisdiccional”. “Eso en un país democrático debe ser rechazado por todos”, dijo, por su lado, Olmedo Arrocha.
Por el momento, el gobierno mantiene una mesa de diálogo con los transportistas, quienes poco antes de que la ATTT prohibiera el cobro en efectivo marcharon a la Presidencia en rechazo del fallo.
La sentencia
La sentencia de la Corte, del 26 de diciembre de 2019, argumenta que “el usuario de este servicio de transporte, transformado en un consumidor, en su relación con el proveedor, tiene libertad de elegir, y que la actividad sea prestada con igualdad de condición y acceso, lo que se traduce en que los servicios públicos deben ser iguales para todos los individuos y ante la modalidad de lujo de este servicio, no puede limitarse a aquel que lo requiera y tenga la capacidad de costearlo”.
Dice, además, que “que resulta injusto para aquellas personas que por el hecho de no tener acceso a un crédito o se encuentre en determinada área geográfica no puedan utilizar un servicio de transporte terrestre de pasajeros ofrecido a través de la tecnología, cuando toda persona como usuario de un servicio o consumidor tiene el derecho a solicitarlo y recibirlo de manera rápida y segura”.
