El principio de la autodeterminación de los pueblos en el derecho internacional nació a finales del siglo XIX, cuando los independentistas polacos y sus simpatizantes en Europa abanicaban la idea de una Polonia libre del yugo ruso.
En su discurso del 8 de enero de 1918, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, expuso 14 puntos para reorgarizar Europa y las relaciones internacionales después de la Primera Guerra Mundial.
En el punto 5 de su discurso, Wilson propuso el “reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado, es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos”.
Este principio fue recogido en la Carta Constitutiva de la Organización de Naciones Unidas de 1945, en el artículo 1.2, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el artículo 1, que dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Un paraguas
El principio de autodeterminación de los pueblos hizo tránsito al lenguaje progresista y revolucionario de la década de 1960 y 1970. Era parte del discurso anticolonial y servía de escudo para justificar los más variados movimientos . Desde los palestinos hasta los vietnamitas, pasando por Angola, Nicaragua y hasta Panamá, fueron parte de esa reclamación.
La autodeterminación tiene dos acepciones: la de que cada pueblo podía tener su propia forma de gobierno y sistema económico, y la de independencia de ese pueblo frente a los poderes coloniales: el Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
En el siglo XXI, la calificación de “imperio” necesitó ampliarse. Por ejemplo, es imposible olvidar que China anexó al Tibet a su territorio y practicó un genocidio cultural, desmantelando miles de años de budismo. Igual suerte tuvo la minoría uigur de China. Por otro lado, Rusia practicó una expansión territorial respaldada por un poderoso ejército y arrodilló a sus antiguas repúblicas satélites con sabotajes, campañas de insurrección y manipulación económica. Esto por supuesto no eximió a Estados Unidos, Francia y al Reino Unido de sus propias acciones imperiales.
A pesar de la pluralidad de imperios, una parte importante de la opinión pública ha reducido el conflicto de Ucrania a una mera fricción entre Estados Unidos y Rusia, o incluso a un intento del presidente Joe Biden para distraer a su opinión pública de la situación económica y los problemas políticos de su país. Aunque estos elementos bien pueden estar presentes, le dan la espalda a la realidad de que Ucrania, un país independiente desde el 24 de agosto de 1991, quiera regir su propio destino.
Con una población de 44.1 millones de habitantes y una extensión de 579 mil 400 kilómetros cuadrados, el país ha enfrentado la andanada de ataques y sabotajes rusos desde hace más de una década. En 2014, Rusia se anexó la región de Crimea despojando a Ucrania de su acceso al mar Negro. Desde entonces, más de 14 mil soldados y policías ucranianos han muerto defendiendo la soberanía de su país.
La espada sobre Taiwán
La República de China, mejor conocida como Taiwán, nacio el 1 de octubre de 1949, cuando el gobierno nacionalista de China se fue al exilio por la victoria de Mao Tse Tung, sobre todo el territorio continental. Por unos 25 años, Taiwán ejerció la representación internacional de China, hasta que el gobierno de presidente Richard Nixon reconoció a China Popular oficialmente.
En el medio siglo siguiente, Taiwán, con una población de 23.6 millones y una superficie de 35 mil 980 kilómetros cuadrados, se ha convertido en una democracia robusta y en una superpotencia tecnológica, que curiosamente es un paria internacional. Taiwán llegó a ser reconocida por 71 países, pero en la actualidad solo 14 (la mayoría de América Latina y el Caribe) mantienen relaciones con la isla.
Panamá rompió relaciones con Taiwán el 12 de junio de 2017, pero desde entonces no se ha establecido una “oficina comercial” en la isla, que es lo que ha sido usual con otros países.
El 14 de marzo de 2005, el Partido Comunista de China aprobó una legislación anti secesión que establece que el ejército chino deberá actuar militarmente si Taiwán declara su independencia. Esto fue en reacción al nacimiento del Movimiento Pan Verde que promueve la independencia de la isla y su definición como la República de Taiwán. La esperanza de que aquella propuesta china con respecto a Hong Kong, de “una nación dos sistemas”, se ha venido abajo por la creciente represión política y censuras causadas por las acciones del gobierno chino.
Algunos analistas de la geopolítica han expresado preocupación de que para el año 2025, China tendría la capacidad militar de invadir y anexarse Taiwán. Pocas son las voces que defienden la autodeterminación del pueblo taiwanés.
Una noción sesgada
El principio de autodeterminación de los pueblos es fundamental para la paz, pero también es esencial que el mismo sea exigible frente a los poderes del mundo.
La realidad del siglo XXI no es la de una simplista guerra fría entre el capitalismo y el comunismo, si no la del retorno de una política de grandes potencias buscando aumentar su influencia dominando nuevos territorios, ya sea en supuestas viejas colonias, o incluso haciendo islas artificiales, diseñando una base permanente en la luna, o partiendo un asteroide para traer a la Tierra los raros metales de su contenido. Esta realidad reclama que estemos alerta sobre los movimientos geopolíticos de todas las grandes potencias y que a todos nos importe el futuro de Ucrania y de Taiwán.
