La Contraloría General de la República refrendó el contrato por $6.9 millones del hospital modular, desechando así la consulta ciudadana que propuso la misma entidad para conocer las posibles irregularidades en la contratación y construcción de esta obra.
A través de un comunicado, la Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, afirmó que “pagará el precio justo y razonable” acordado entre el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y el presidente de SmartBrix Centroamérica, Nitesh Mayani.
“En nuestra fiscalización, se ha velado por la salvaguarda de los sagrados intereses del Estado”, dice el comunicado. Ello, a pesar de que el análisis de los montos por parte de la Contraloría detectó un posible sobrecosto de más de medio millón de dólares respecto a lo que SmartBrix pretende cobrar al Estado.
De acuerdo con el cálculo de los costos directos, indirectos y asociados al contrato del hospital, la entidad fiscalizadora determinó que la obra asciende a $6.2 millones, pero el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pagará $6.9 millones.
El refrendo se estaría otorgando antes de la auditoría de campo a la infraestructura. La entidad informó que requiere que el MOP declare que ha recibido la obra, para hacer la inspección y el desembolso millonario.
Cuestionamientos
Para la Contraloría, que convocó a consultas ciudadanas, su refrendo significa que “hoy hemos ganado todos, hoy estamos moldeando a Panamá”, a pesar de las críticas y solicitudes de organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia Internacional (Panamá), que pidió a Solís no refrendar el millonario contrato y pedir al Ministerio Público que investigue esta contratación.
A través de una nota, la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, pidió a Solís “respetar” la ley y “negar el refrendo extemporáneo”.
A través de una nota fechada este 2 de septiembre, Solís afirmó al presidente del Movimiento Independiente, (Movin), Horacio Icaza, que “existe evidencia documental que permite razonar que los módulos contratados no son de segunda mano”.
Sobre el sistema de prevención de incendio, rociados y detectores de humo, el contralor informó que después del refrendo, pero antes del pago, se hará una inspección para constatar que se pagará por lo suministrado.
En entrevista previa con este medio, Solís confirmó que SmartBrix no entregó facturas de compra ni documentos de importación de los módulos que utilizó para construir el hospital. Lo único que mostró fueron fotos del traslado de estructuras prefabricadas.
Cuando La Prensa preguntó a Solís quién importó los módulos y cuándo llegaron a Panamá, el funcionario respondió: “eso no lo sé… Yo no pregunté eso”.
Una investigación de La Prensa detectó que la empresa SmartBrix introdujo 160 módulos de segunda mano procedentes de Costa Rica. Sin embargo, Solís indicó que SmartBrix presentó copias de contratos de arriendo en los que supuestamente alquiló estos módulos en obras estatales y otros en la empresa privada.
Investigación, a medias
Pero mientras Solís accedió al refrendo del contrato, el procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió de posibles irregularidades administrativas en su adjudicación.
González remitió sus hallazgos a la Dirección de Contrataciones Públicas para que inicie una investigación sobre por qué el MOP autorizó a SmartBrix a construir el hospital, antes de que se promulgara, el 31 de marzo pasado, la resolución del Consejo de Gabinete que lo faculta para ello.
El señor Procurador de la Administración @ProcuadmonPma me acaba de entregar la decisión sobre su investigación y concluye que pudo haber una irregularidades en el procedimiento de adquisición en el hospital modular. Está mandando la decisión al Procurador y hasta el presidente pic.twitter.com/Ci34upYTlS
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) September 3, 2020
El presidente de la Fundación Conciencia Ciudadana, Cristian Ábrego, lamentó que González desestimara la posibilidad de que los módulos son de segunda mano, a pesar de que los técnicos de la Universidad de Panamá (UTP) y de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) no han entregado un informe de inspección, certificación o peritaje de la obra.
La UTP y la SPIA confirmaron a González que sólo hicieron un recorrido de cortesía a la obra, por invitación del MOP. “Aquí hay un conflicto de intereses, ya que el director de Contrataciones y el ministro del MOP son nombrados por el presidente de la República”, denunció Ábrego.
Por su parte, al abogado Ernesto Cedeño le llamó la atención que el procurador González remite sus consideraciones el mismo día que la Contraloría otorga el refrendo a la millonaria obra.
