La justicia panameña enfrenta tiempos excepcionales. Los magistrados y jueces del Órgano Judicial deberán definir la suerte de numerosos casos de alto perfil. Uno de los que se tambalea en la cuerda floja judicial es el caso conocido como FCC Vía Brasil, tramo II, en el que se investiga al exministro de Obras Públicas Federico Suárez y al abogado Mauricio Cort.
Usualmente, la defensa técnica de los acusados es la que recurre por vía de un amparo de garantías constitucionales la decisión de un tribunal; sin embargo, en este caso fue la fiscal superior anticorrupción, Ruth Morcillo, quien accionó ante la Corte Suprema de Justicia para defender los intereses de los panameños.
La investigación de este caso se inició el 19 de mayo de 2017 y el 13 de noviembre de ese mismo año el Juzgado Undécimo del Circuito Penal de Panamá le concedió una primera prórroga . El 23 de agosto de 2019, el Ministerio Público pidió que se le declarara causa compleja.
Paralelamente, ante el Juzgado Decimoquinto de lo Penal, presidido por el juez Leslie Loaiza, se desarrolla otro caso vinculado a FCC y que también tiene por investigado al exministro Suárez. Su equipo de defensa invocó una figura jurídica especialísima: la acumulación, que sucede cuando dos o más casos que tienen las mismas partes, o alguna vinculación estrecha, se ventilan ante distintos tribunales y se solicita, por economía procesal, que solo uno acumule todas las causas. La defensa de Suárez alegó que el caso FCC- Avenida Domingo Díaz, que lleva adelante el juez Loaiza, debía acumularse con el caso de Vía Brasil. El juez Loaiza rechazó la solicitud el 30 de diciembre de 2019.
El Segundo Tribunal declaró nulo lo actuado, porque se hicieron tramitaciones durante el término en que el juez Loaiza estudiaba los expedientes. Entre los actos anulados están dos acuerdos de pena con actores claves en la trama FCC, y el flujo de información obtenida de España.
Los argumentos presentados por la fiscal Morcillo contra la decisión del Segundo Tribunal se anclan en el criterio de que las normas de acumulación del proceso civil no son exactamente aplicables al proceso penal. Morcillo presentó una justificación novedosa para la justicia panameña: si se mantiene la nulidad de lo actuado, se viola el debido proceso y, por lo tanto, los derechos humanos de los panameños. La decisión de la Corte tendrá que enfocarse en la distinción de los efectos y alcances de la acumulación en el derecho civil y en el penal, y la consideración de que una maniobra procesal no puede negarle el derecho a la justicia a todo un país.