La Fundación Libertad aseguró que existe preocupación en las organizaciones de la sociedad civil sobre los precedentes que se han sentado al imponer medidas sanitarias frente a la pandemia de la Covid-19, que han afectado garantías constitucionales.
“La forma en que se han emitido estas restricciones carece de validez jurídica ya que estas se han dado a través de decretos ejecutivos y no a través de los mecanismos especificados en la Constitución para este fin, lo que constituye una violación a la Carta Magna de Panamá”, señaló en comunicado Roberto Brenes, representante legal de la Fundación.
“Sabemos que es una situación compleja y sin precedentes, pero es vital para la protección de los ciudadanos que el gobierno actúe dentro del marco constitucional pidiendo la colaboración de los ciudadanos y tomar medidas sanitarias estrictas, sin transgredir las garantías constitucionales”, dijo Brenes.
Explicó que desde la promulgación de la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, y no en el artículo 55 de la Constitución, se han impuesto una serie de controles que suspenden el libre tránsito, la reunión pacífica, así como el ejercicio de las profesiones, generando múltiples afectaciones económicas y jurídicas a todos los panameños.
Estas restricciones, señala, constituyen una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo, puesto que no se siguió el procedimiento requerido por la Constitución para suspender estas garantías.
