Las declaraciones del procurador de la Nación Eduardo Ulloa, a la periodista Flor Mizrachi en el Knockout de ayer revelan a un funcionario consumido por la cautela y estancado en la coyuntura política del frágil balance de poder que tiene el presidente Laurentino Cortizo.
En sus respuestas, Ulloa refleja estar consciente del desafío histórico del cargo, y que simultáneamente, tanto los tiempos como los hábitos de la justicia panameña, están en su contra.
Sin guantes y sin esquina un procurador enfrenta al sistema
“Lo importante es que no eran parte de la fiscalía anticorrupción ni habían sido abogadas de las partes. La especialidad del delito es de más fácil adaptación”, respondió el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, a la periodista Flor Mizrachi cuando le preguntó sobre las nuevas fiscales que incorporó al caso Odebrecht.
Este planteamiento de Ulloa termina siendo contradictorio, ya que, más adelante en el knockout –publicado ayer, domingo– se queja de que “los fiscales, a veces por falta de recursos o de preparación, no incorporan a las investigaciones todos los elementos que exige el juez para autorizar diligencias o validar una aprehensión”.
Esta visión contrapuesta provoca un cortocircuito en el mensaje que el Procurador quiere enviar. ¿O los fiscales pierden casos por falta de preparación o cualquiera se puede adaptar a la especialidad? “Ser o no ser…” parece ser la cuestión que enfrenta el jurista.
Eduardo Ulloa es el noveno abogado en ocupar la más alta fiscalía del país en los 30 años de recuperación de la democracia. Por mandato de la Constitución, este cargo tiene una duración de 10 años; sin embargo, sólo José Antonio Sossa ha cumplido con el plazo constitucional.
El procurador Ulloa está muy consciente de esto y tiene claro las clases de aguas turbulentas en las que está metido: “…el sistema no está funcionando. A veces por la policía, a veces por MP, a veces por los jueces. Es un sistema demasiado formalista”, respondió cuando Mizrachi le inquirió sobre las críticas del exministro de Seguridad Pública Rolando Mirones hacia el Ministerio Público y luego hacia los jueces por la alta tasa de criminalidad que vive el país.
Al referirse a los casos de alto perfil, el Procurador manifiesta resignación al reconocer que “Nuestro propio sistema está diseñado para la selectividad y los privilegios”. Así, Ulloa entra en una especie de paroxismo cuando se le pregunta sobre los casos de alto perfil que la Corte Suprema de Justicia debió declinar al Ministerio Público hace más de un año y no lo ha hecho: “No los he exigido porque no sé exactamente cuáles son”.
En esta respuesta, Ulloa se manifiesta como un rehén de la Corte Suprema, ya que no puede pedir lo que desconoce que debe pedir. “Esperamos que la Corte cumpla su rol”. Así, el Procurador se confesó totalmente.
La Corte sigue jugando con la camiseta del equipo de la impunidad y está gastando tiempo para que los casos prescriban, favoreciendo a sus protegidos.
En el caso de New Business, que presuntamente involucra al expresidente Ricardo Martinelli y la carta del gobierno de Estados Unidos sobre el Principio de Especialidad, el Procurador justifica la falta de acción del Ministerio público, así: “No se podía hasta que tuviéramos la certeza de que podíamos investigarlo. Pero el fiscal ya está revisando eso”.
Ulloa respondió así, con conciencia de que el término de investigación del caso New Business concluye el 25 de marzo próximo.
Sobre la pregunta de la existencia de un supuesto pacto entre el Presidente Cortizo y él para “no tocar a Martinelli y así no enredar el país”, respondió, simplemente: “No hay ningún pacto con Cortizo”.
Quizás, faltaba el énfasis de que no existía pacto alguno sobre cualquier tema con el Presidente de la República o con terceros.
Al emitir su opinión sobre la denuncia por violencia de género de la diputada Zulay Rodríguez contra el comunicador Mauricio Valenzuela, el Procurador expresa, de forma tajante, que “El hecho es real. Pero habría que ver si la medida adoptada por la fiscal era cónsona con lo actuado…”.
Esto es un gravísimo retroceso en materia de libertad de expresión y debilita la noción de violencia de género. Esta opinión del Procurador le envía una pésima señal, tanto a los políticos como a los fiscales, de que es válido perseguir a los comunicadores, usando como herramienta a la justicia.
Ulloa hace un diagnostico contundente sobre el rol de los jueces en la justicia panameña, cuando expresa que aquellos “Ponen la forma por encima del fondo y de la justicia”. Aquí, el Procurador evoca el Articulo 215 de la Constitución Política de la República de Panamá, que dice: “Las Leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios.
1. Simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos.
2. El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial”.
Si el Procurador así lo reconoce, sería deseable impulsar una agenda legislativa para adecuar nuestro sistema judicial a estas metas.
Esta entrevista del principal funcionario encargado de combatir la delincuencia y de liderar la lucha contra la corrupción deja entrever que los altos cargos de la justicia tienen roles e impactos definidos por las personas que los desempeñan.
Con las declaraciones del Procurador se evidencia, además, un Ministerio Público gris, apasiguado y desvinculado de la sed ciudadana de acabar con la impunidad y de cambiar la justicia.
Que todo siga igual no puede ser la meta del nuevo Procurador. El país necesita mucho más.
