En los países hispanoamericanos, el concepto de “sapo” o “chivato”, está arraigado profundamente en la cultura, convirtiéndose en un calificativo negativo de aquellas personas que avisan o informan de algún comportamiento negativo. Además, la debilidad de la justicia y del servicio civil desincentiva los actos de valentía de funcionarios públicos que se atrevan a denunciar la corrupción.
Sorprendentemente, en la Asamblea Nacional hay un proyecto de ley que busca cambiar esta tradición cultural. El proyecto de ley 195, presentado por los diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez, Edison Broce y Raúl Fernández, todos de la bancada independiente, pretende establecer en Panamá la protección de los denunciantes de actos de corrupción, y entre otras herramientas, fomentar el pago de recompensas a los denunciantes ante la justicia.
El proyecto de ley de 17 artículos, en cuatro páginas, es la iniciativa anticorrupción más importante de la última década. Sus principios están orientados a fomentar la denuncia de actos de corrupción, aportando indicios que confirmen la comisión de los ilícitos, e incentivando la participación del denunciante o informante en las etapas del proceso.
El enfoque de este proyecto de ley está centrado únicamente en los delitos contemplados en el Libro II, Título X del Código Penal, correspondiente a los Delitos contra la Administración Pública, y que incluyen las siguientes conductas: Diferentes Formas de Peculado, Corrupción de Servidores Públicos, Enriquecimiento Injustificado, Concusión y Exacción, Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, Delitos contra los Servidores Públicos, Violación de Sellos Públicos y Fraude en los Actos de Contratación Pública.
La propuesta de norma incluye como parte de la caja de herramientas para la protección de los denunciantes o informantes, una referencia a las mismas normas del Código Procesal Penal definidas como “Medidas de Protección para Víctimas, Testigos y Colaboradores”. Además, se actualiza el mecanismo de recompensa al denunciante, si se llega a recuperar bienes o caudales objetos de la acción delictiva.
Las dos instituciones claves dentro de esta iniciativa legislativa son el Ministerio Público, como organismo encargado de perseguir el delito, y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en un doble rol investigativo y de formulación de políticas públicas.
Un sueño minimalista
Los escándalos de corrupción que han azotado a Panamá en la última década, y la consiguiente impunidad judicial, se han convertido en una cicatriz en la identidad del istmo como una jurisdicción en la que campea la ilegalidad y los abusos de poder, dejando la lucha por la transparencia en una tierra estéril.
Realmente, en esta materia hay muy poco desarrollo jurídico a nivel regional. En Estados Unidos hay una veintena de normas federales vinculadas con esta temática, que regulan actividades específicas dentro de las cuales se incluye una normativa de protección a los denunciantes. Por ejemplo, la Ley de Reforma Financiera de 2010, conocida como Dodd-Frank, contiene una sección sobre la protección a los denunciantes de la industria financiera, incluyendo el pago de recompensas, que para 2016 ya habían alcanzado los 111 millones de dólares. Así mismo, en el gobierno se aprobó una normativa muy específica para el servicio público, y que fue la que hizo posible que miembros de los servicios de inteligencia y del cuerpo diplomático estadounidense, pudieran denunciar, confidencialmente, posibles irregularidades cometidas por el presidente Donald Trump en su esfuerzo de vincular a Ucrania, en sus lides electorales contra Joe Biden. Estas denuncias fueron el fundamento del primer impeachment contra el saliente presidente de Estados Unidos.
La Directiva de Protección de Denunciantes de Corrupción de la Unión Europea, de octubre de 2019, es la norma jurídica más relevante sobre este tema, aprobada en tiempos recientes. La Directiva es vinculante para todos los países del bloque común, y extiende la protección a los denunciantes, no solo a todas las esferas del sector público, sino que también incluye al sector privado.
Una estrategia muy novedosa que forma parte de esta norma jurídica europea es la creación de un sistema de canales confidenciales dentro del sector público y de las empresas privadas con más de 50 empleados, para recibir y atender las denuncias. Se le da un rol legítimo a los medios de comunicación, permitiéndole a los denunciantes usar esta vía para canalizar sus denuncias.
Un aspecto muy destacado de la normativa europea es la protección de los informantes o denunciantes contra las represalias. Esto existe también en la normativa de Estados Unidos, pero no está presente en el proyecto de ley 195. Ni los europeos o los estadounidenses limitan la cooperación en materia investigativa a sus ministerios públicos, sino que la presentan amplia y muy flexible.
El elemento de las recompensas por denunciar actos de corrupción que forma parte de la propuesta panameña es muy similar a la normativa existente en materia de contrabando y de bienes ocultos. Sin embargo, el Estado panameño es muy ineficiente pagando las recompensas a quienes han defendido los intereses de la nación. Valdría la pena revisar el mecanismo incluido en el proyecto de ley 195 para que fuera más ágil, y no solo recompensara por los bienes o caudales recuperados por el Estado. Esto puede tomar años antes de concretarse, y bien pudiera desanimar a quienes se pudieran motivar por esta recompensa. Así mismo, se debería premiar significativamente a las personas cuyas informaciones o denuncias logran evitar la comisión de un delito serio.
Con todo y sus carencias, el proyecto de ley 195 es un avance muy valioso para un país caracterizado por la impunidad. Si alguien se hubiera atrevido a denunciar las coimas de Odebrecht, FCC, Blue Apple y todas las demás, quizás hoy tendríamos los fondos necesarios para atender como es debido a la población panameña en esta pandemia. Cualquier silbato que evite la impunidad de la corrupción, es siempre mejor que el silencio cómplice.