Desde que existe la Dirección de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional se han sancionado 22 iniciativas ciudadanas como leyes de la República.
Hace 20 años se incorporó al organigrama del Legislativo la Unidad de Participación Ciudadana y, eventualmente, mutó en dirección.
Así lo recordó la directora regional del despacho, Eira Santamaría, en un foro virtual sobre poder Legislativo y participación ciudadana que se desarrolló esta semana, organizado por el Instituto Republicano Internacional (IRI).
Santamaría aseguró que las cifras de iniciativas ciudadanas presentadas ante la dirección “han ido en aumento”, hecho que calificó como “positivo”.
En lo que va de este periodo, han recibido 61. Contó que la dirección tiene oficinas regionales en Chiriquí, Veraguas y Herrera, y que se tiene previsto abrir 2 más en Coclé y en Bocas del Toro.
Entre las leyes aprobadas figuran la que declara el 17 de mayo de cada año como Día Nacional del Reciclaje y la que declara el 14 de agosto como el Día de la Rana Dorada, entre otras.
Una propuesta
El tema de la participación ciudadana como mecanismo de incidencia política gana más relevancia en este periodo legislativo, luego que el diputado suplente Rolando Rodríguez presentara un anteproyecto de ley ante el pleno el pasado 2 de septiembre.
Suplente del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, y miembro de la bancada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Rodríguez propone la creación del Sistema Nacional de Participación Ciudadana.
La propuesta, que no ha pasado el primer debate, plantea en la exposición de motivos que el objetivo es “institucionalizar el Sistema Nacional de Participación Ciudadana” a nivel nacional, provincial, comarcal y local.
De acuerdo con la propuesta, el Sistema de Participación Ciudadana deberá contemplar dentro de su organigrama las referencias a este mecanismo que ya forman parte de otras leyes.
“El sistema reconoce e incorpora los espacios e instrumentos existentes de participación ciudadana a nivel decisorio y consultivo”, dice el artículo 8 del anteproyecto de ley.
De hecho, el capítulo VII de la Ley 6 de 2002 –de Transparencia– detalla modalidades específicas de participación ciudadana, como las consultas y audiencias públicas, los foros o talleres y la participación directa en ciertas instancias. Incluso, especifica qué temas deberán ser sometidos a participación de la ciudadanía: construcción de infraestructura pública, zonificación, fijación de tarifas y tasas por servicios, entre otros.
La Ley de Descentralización también contempla este mecanismo. De hecho, mucho de lo planteado en la iniciativa de Rolando Rodríguez adopta aspectos mencionados en esa norma.
Como es de esperarse, en esta ley se empodera a los municipios para facilitar la participación ciudadana a nivel local.
Leah Cedeño, asesora de la organización sin fines de lucro Espacio Cívico, hizo una presentación sobre las fortalezas y desafíos que han identificado en la labor que lleva a cabo la Asamblea para impulsar la participación. Resaltó la necesidad de incrementar la transparencia para trabajar de cara a la ciudadanía.
En el foro virtual también participaron expertos en materia de participación ciudadana de Costa Rica, España y Brasil.
