La Prensa nació en medio de la dictadura militar, para luchar por la recuperación de la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los panameños, como fundamentos de la democracia. Desde nuestra primera edición, el tirano y sus sucesores se molestaron con este diario, nos acosaron, censuraron, vandalizaron nuestras instalaciones y, finalmente, fuimos cerrados.
Con la restauración de la democracia, cada uno de los Presidentes de la República buscó la forma de presionar e influenciar a La Prensa. Nuestros caricaturistas, fotógrafos, reporteros y directivos han sido señalados y hasta demandados y querellados, pero La Prensa ha vencido por encima de cada esfuerzo de silenciarla, gracias al compromiso de nuestros asociados, y la fidelidad de lectores, suscriptores y anunciantes.
Ahora, nuevamente, no solo La Prensa –sino también la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los panameños– se enfrenta a una nueva amenaza que anteriormente fracasó en sus muy abiertos intentos de acallarnos. La nueva estrategia es el uso del terrorismo judicial y la difamación económica.
Esta es una empresa con fundamentos financieros sólidos, que cumple puntualmente sus obligaciones con todos sus asociados, proveedores, el Estado y la seguridad social. Como todas las empresas mediáticas a nivel global, y muchas compañías en Panamá, hemos tenido que hacer ajustes frente a un cambio tecnológico acelerado y un entorno económico de lento crecimiento.
No obstante, esto de ninguna manera supone el final de La Prensa.
Nunca antes en la historia de Panamá, las redes de corrupción política y de crimen organizado se habían apropiado de medios de comunicación. Fueron adquiridos con fondos sospechosos y su operación financiada con publicidad estatal, la cual también sirvió para premiar a los medios alineados y castigar a los críticos. Precisamente por el ejercicio independiente de nuestro periodismo, esas redes de corrupción saben que La Prensa es un obstáculo contra sus fines perversos. Por esta razón, nos demandan y nos querellan temerariamente, con el propósito de difamar, etiquetar a nivel de las audiencias y producir miedo y autocensura a lo interno.
A este terrorismo judicial lo acompaña un esfuerzo concertado de propaganda contra este diario en medios de comunicación y redes sociales controladas por esta red de corrupción. De forma repetida e insistentemente persisten en inventar rumores de que este diario dejará de circular, o manufacturan mentiras para difamar a nuestros periodistas y directivos, incluso llegando a enlodar nuestra reputación investigativa caracterizándola como una colaboración con el aparato de seguridad del Estado.
Justo ahora, que en el extranjero empiezan a revelarse aspectos del régimen de extorsión y chantaje que nos gobernó, arrecian las amenazadas contra este diario. Nos avisan que no habrán descansado hasta que nos cierren. Por nuestra parte, tampoco descansaremos; y continuaremos publicando lo que se quiere ocultar y sacando a la luz aquello que se quiere mantener en oscuridad. Seguiremos luchando por la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los panameños, para que este país sea un territorio donde la integridad y la transparencia brillen como cualidades fundamentales del Estado y de toda la sociedad.
