Al menos una docena de procesos penales se verían afectados de aprobarse el proyecto de ley 50, que propone quitarle al Ministerio Público la facultad de decretar medidas cautelares a personas que son investigadas bajo las normas del sistema inquisitivo mixto.
Dicho proyecto de ley, impulsado por el diputado de Cambio Democrático (CD) Hernán Delgado, propone revivir el libro tercero del Código Judicial y eliminar la competencia del MP para ordenar detenciones preventivas en los procesos iniciados antes de 2018 y que todavía continúan bajo el sistema inquisitivo mixto.
Entre los procesos que se encuentran en fase de investigación están el de los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá, y los de la Ciudad Deportiva de las ciudades de Colón y de David, relacionados con un presunto peculado en el manejo de los fondos para el diseño y construcción de estas estructuras, en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes.
Asimismo, el expediente de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), contratista del proyecto corredor vía Brasil, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales, y los de Jall Offshore y New Business, ambos por presunto blanqueo de capitales, entre otros.
En la actualidad, el Código Procesal Penal otorga a los fiscales el derecho de aprobar las medidas cautelares, únicamente en las causas que aún se manejan bajo el sistema inquisitivo mixto.
En el sistema penal acusatorio (SPA), esa facultad es del juez de garantías.
El MP, a través de la fiscal de circuito Tania Saavedra, ha dicho que la propuesta no ayuda a la liquidación del sistema inquisitivo. Cuestionó que se quiera revivir un libro derogado del Código Judicial, y dejó claro que de aprobarse el documento, en la práctica no se podría aplicar ninguna medida cautelar en el sistema inquisitivo.
Pese a que el pleno legislativo decidió el pasado martes, junto a Delgado, devolver a primer debate la propuesta para que sea reformada o archivada, el diputado no se dio por vencido: presentó otra iniciativa similar, el pasado miércoles.
Se trata del anteproyecto de ley 308, que propone “modificar el Código Procesal Penal, para garantizar que toda persona que ha sido objeto de una detención preventiva expedida por fiscales del MP , en base al libro III del Código Judicial, tenga derecho a solicitar a los jueces de garantías una revisión, igual al derecho que tienen las personas detenidas preventivamente bajo el SPA”.
Delgado dijo que lo que busca con sus proyectos es “contribuir a la tranquilidad de la sociedad”, porque -según él- en las cárceles del país hay más de 17 mil personas detenidas producto de la confusión que existe entre los dos sistemas jurídicos procesales en vigencia: el inquisitivo y el SPA.
Remarcó que en su anteproyecto 308, se encuentra la “solución al problema”.