El 5 de junio de 2018, el contralor general de la República, Federico Humbert, suspendió los pagos de la planilla 080 de la Asamblea Nacional.
La decisión del contralor se fundamentó en múltiples irregularidades que, según él, fueron halladas en la referida planilla, incluyendo, entre otros aspectos, contratos a familiares de diputados y a personas fallecidas.
La entonces diputada presidenta Yanibel Ábrego interpuso un recurso por medio del abogado Carlos Carrillo, para que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anulara la decisión del contralor Humbert.
Aunque en el pasado, durante la era democrática, habían existido controversias y conflictos entre la Contraloría y los poderes públicos, sobre todo en la época del contralor Rubén Darío Carles (1990-1993), la actuación de Humbert era pionera en enfrentar los excesos y abusos cometidos por la Asamblea Nacional.
La diputada Ábrego y su equipo legal ya habían sido derrotados anteriormente, luego de interponer un amparo de garantías constitucionales contra la resolución del contralor Humbert que ordenaba hacer una auditoría de las cuentas y pagos realizados en la Asamblea, pero que había sido bloqueada cuando Ábrego ordenó expulsar a los auditores de la Contraloría del recinto legislativo.
El fallo negativo para la Asamblea fue paralizado por una solicitud de aclaración de sentencia.
El pasado 6 de diciembre, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia decidió que el contralor sí tenía fundamento para suspender el pago de la planilla 080.
A Humbert le quedan dos días calendario para concluir su gestión y ser reemplazado por Gerardo Solís, quien será el nuevo contralor a partir del 2 de enero de 2020.
Pudiera creerse que esta decisión de la Corte es inútil , pero no es cierto.
El fallo de la Sala Tercera ratifica un principio de la potestad de la Contraloría para detener el uso de fondos públicos que considere irregular o ilegal.
Existe la confusión en la opinión pública de que la Contraloría da su visto bueno previamente a todas las partidas de la Asamblea. Esto no es cierto. Por la Ley de Presupuesto General del Estado, la Asamblea tiene derecho a gestionar casi todas sus partidas sin el control previo de la Contraloría. Una vez asignado el objeto del gasto, a la Contraloría solo le corresponde refrendar el pago.
Este fallo fortalece la capacidad de la Contraloría para suspender pagos en planillas especiales, como las que tiene la Asamblea o el Consejo de Seguridad Pública, entre otras entidades.
Por extensión, al reconocer esta potestad explícitamente a la Contraloría, esta se expande a la jurisdicción de cuentas. En otras palabras, de comprobarse un manejo irregular en estas partidas especiales, la Contraloría puede remitir sus hallazgos al Fiscal General de Cuentas para que proceda con su labor ante el Tribunal de Cuentas, a fin de recuperar los fondos públicos.
En un mundo globalizado, en el cual la gestión y administración de fondos públicos es compleja y variopinta, es muy relevante que la Contraloría General de la República tenga la facultad para detener pagos con carácter sospechoso o irregular.
Esto es de suma importancia para controlar el uso de fondos en asociaciones público privadas o en proyectos “llave en mano”.
La tarea investigativa de la Contraloría no se detiene por el cambio del máximo encargado de la institución. La Contraloría tiene a gran parte de su personal protegido por el régimen de carrera administrativa, por lo que se debe respetar el mérito y el trabajo realizado por los auditores de la institución.
La naturaleza cambiante de las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se ven reflejadas en el surgimiento de planillas especiales, fondos para donaciones o proyectos, o el aumento de las sumas de dinero disponibles para que los diputados puedan nombrar a su personal de confianza. Esta es la forma en que el Ejecutivo premia a los diputados amistosos o adquiere lealtades necesarias para avanzar en su agenda.
Así mismo, este es un método que controla la alianza dominante en la Asamblea Nacional, para mantener la cohesión parlamentaria y seducir a diputados rebeldes o a miembros de las bancadas minoritarias.
Lo logrado por el contralor Humbert a través de sus auditorías y la gestión que hizo en esta materia, permanecerá como un precedente importante en la historia de la Contraloría General de la República.
Corresponde a su sucesor correr con la responsabilidad de ganarle la partida a las planillas especiales y a los gastos sospechosos de los órganos del Estado. La Corte le confirmó ese mandato.