Desde 1993, durante cada periodo presidencial, se ha impulsado una reforma electoral que, en principio, debe fortalecer la democracia y contribuir a la eficiencia, transparencia y legitimidad de los procesos electorales. Esta ha sido una de las cualidades más admiradas en los círculos especializados que, desde el extranjero, han valorado positivamente la capacidad de la sociedad política panameña de ponerse de acuerdo para mejorar el sistema tras cada proceso electoral.
Esta visión idealizada del proceso de reformas electorales ha escondido otra dinámica que, muy profundamente, controla el resultado de esas reformas. La consolidación de una casta de diputados que opera como una coalición de intereses creados, y respectivamente de sus membresías formales en una u otra organización partidista, una “diputadocracia” que ha corrompido el ADN de la institucionalidad democrática panameña.
El secuestro de las reformas electorales no es un fenómeno reciente. Ya asomaba sus garras hace casi 20 años, cuando, en 2002, los entonces legisladores se opusieron a medidas que hubiesen dado más transparencia y menos financiamiento sospechoso a las campañas electorales.
Una década más tarde, en el 2012, el proyecto de reformas electorales fue diseñado a imagen y semejanza de la gula del titiritero de entonces. Lo que está ocurriendo hoy día es la continuación de esa tendencia, casi que por los mismos actores y las mismas causas: el miedo a la justicia y la preservación de la captura de las rentas del Estado.
Una parte de la clase política panameña ha sabido desnaturalizar elementos muy importantes del proceso electoral. El fraude escandaloso en las urnas o en los conteos de votos es una rara avis desde 1990. Sin embargo, la mala noticia es que no se necesita robar urnas para torcer y forzar la voluntad popular.
Tómese, por ejemplo, la Fiscalía General Electoral, que otrora fue una institución que luchó hombro a hombro con el Tribunal Electoral para garantizar la integridad del voto.
En tiempos más recientes, ha sido cómplice primario, como encubridor de atrocidades electorales, como las del desvío de fondos públicos para fines electorales (caso Río de Jesús), o la inepta investigación de descarados casos de clientelismo electoral penados por el frágil Código Electoral panameño.
En los secuestros prolongados —afirman los especialistas— suele aparece un “síndrome de Estocolmo”, en el que la víctima desarrolla un sentimiento de afinidad hacia su captor. El Tribunal Electoral ya evidencia síntomas de ese síndrome, en una forma aguda.
En un acto de miopía, ese órgano electoral ha restringido lo más posible la capacidad de funcionamiento de las iniciativas de recolección de firmas para convocar una Asamblea Constituyente Paralela. A los promotores de estas iniciativas se les ha limitado las posibilidades de recaudación de fondos y de hacer la publicidad, y se les obliga a gastos operativos significativos que no son aplicables a los partidos políticos.
Igualmente, en el último torneo electoral—de mayo de 2019— el Tribunal se portó como un cancerbero de la libertad de expresión, ordenando el retiro de las vallas y de la campaña de medios “Pela el ojo”, del colectivo Movin.
No es un accidente que en la voracidad de su codicia política y la de los intereses que están detrás de ellos, los diputados hayan propuesto que se cercene la libertad de expresión por 15 meses, desde febrero de 2023 hasta mayo de 2024, para que nadie pueda hablar, escribir o mencionar algo sobre los aspirantes a cargos públicos. Semejante propuesta talibana tiene su raíz en la conducta del propio Tribunal Electoral.
En el año 2009, el Centro de Incidencia Ambiental desarrolló una pequeña campaña en la que informaba a los ciudadanos sobre el historial ambiental de cinco personas que eran servidores públicos y que aspiraban a cargos de elección popular.
La campaña despertó a la sociedad, y dos de los señalados no fueron electos. Entonces, el Tribunal Electoral respetó la libertad de expresión y permitió la campaña. Para el 2019, ya había cambiado de rumbo.
Con el proyecto de reformas electorales, tal y como parecen las cosas, sucederá lo mismo que con el proyecto de reformas constitucionales que fue entregado a la Asamblea Nacional a principios de este gobierno.
Si la intervención del presidente de la República, Laurentino Cortizo, logra salvar este esfuerzo de los peores instintos de los diputados, habrá confirmado que el genio se salió de la botella, y que ya este proceso rebasa los buenos oficios de un Tribunal Electoral que lleva la camiseta de la partidocracia.
