Fue destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, tuvo que escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro y vive en el exilio. Pero Luisa Ortega sigue presentándose como “la legítima fiscal general de Venezuela”.
Con ese título intervino en una cumbre internacional sobre trata de personas organizada por el Vaticano, en la que pidió a los demás países “solidaridad” con los venezolanos que solicitan asilo. “La alta movilidad de venezolanos como migrantes está colocándolos en mayores niveles de vulnerabilidad que otras naciones”, subrayó.
Poco antes de pronunciar su discurso, criticó con dureza al gobierno de Maduro y hasta renegó del chavismo: “Ha fracasado, por supuesto que sí”. “Este no es un problema de izquierda o derecha, sino una tragedia. El país está destruido: no tenemos alimentos ni medicinas, estamos ahogados en basura. Se violan sistemáticamente los derechos humanos, hay persecución, juicios amañados, pruebas sembradas… La situación real es que el pueblo sufre mientras que los bolsillos de los que gobiernan están llenos”, sentenció.
La fiscal evitó dar detalles de las investigaciones sobre los vínculos de corrupción entre el entorno de Maduro y la constructora brasileña Odebrecht, pero sí instó a las justicias de los países europeos a “congelar las cuentas bancarias de los familiares de los altos funcionarios venezolanos y de sus testaferros”. “No van a disfrutar ni un solo centavo de lo que le han robado al pueblo de Venezuela”, acotó.
Los países de la Unión Europea ya han dado luz verde a una serie de sanciones que pretenden censurar los abusos de poder en Venezuela sin llegar a cerrar la puerta del diálogo. Está previsto que el próximo lunes los ministros europeos de Relaciones Exteriores aprueben un paquete de medidas que constituirán el primer castigo diplomático para el Ejecutivo de Maduro.
Ortega no está de acuerdo con la aplicación de sanciones económicas –opción que puso en marcha el gobierno de Donald Trump– porque “golpean todavía más la calamidad que vive Venezuela”. La propuesta que pone sobre la mesa de los interlocutores institucionales con los que se está reuniendo durante su periplo europeo es la apertura de un “canal humanitario”, así como también medidas restrictivas contra “los altos funcionarios que están alrededor” del Gobierno de Venezuela. “No solo administran mal los recursos venezolanos, también reprimen, acosan, someten y esclavizan al pueblo”, describió.
Ortega observó con desconfianza el nuevo proceso de diálogo auspiciado por una parte de la oposición venezolana –más diezmada y desunida que antes– y que comenzará el próximo 15 de noviembre en República Dominicana. “Lo preocupante es que no sabemos cuál es la agenda de trabajo ni la temática que estará puesta sobre la mesa, y no hay nadie que represente a las víctimas denigradas”, afirmó.
De este modo, determinó que “la única vía de diálogo que puede abrirse es aquella que termine con la salida del gobierno”. Para la fiscal cesada, “la única solución para Venezuela es una salida del gobierno en su totalidad por una vía negociada”. “Hay que buscar una alternativa para el país, en este momento yo creo que lo que habría que buscar es una etapa de transición”, apuntó. La pregunta en boca de todos es cómo llevarlo a cabo.