El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la Asamblea Nacional está en desacato con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le ordena entregar al diario La Prensa la información sobre los contratos de servicios profesionales.
Así reaccionó González luego de conocer que la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, ignoró el fallo de la CSJ y entregó a este diario únicamente una estadística: 17 mil 874 personas contratadas entre julio de 2014 y el 15 de marzo de 2017. Ábrego advirtió que las personas pudieron ser contratadas en más de una ocasión.
La información facilitada añade de manera genérica las edades y rangos salariales y el sexo de las personas.
La Prensa solicitó nombre, cédula, salario y funciones del personal contratado bajo la modalidad de “servicios profesionales”.
Descargue aquí la carta entregada por la presidenta de la Asamblea.
Pese al pronunciamiento de la CSJ, publicado mediante edicto el pasado 20 de diciembre, Ábrego, igual que en una pasada comunicación de noviembre, insiste que la información es confidencial.
“Se toma en consideración además, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia mediante resoluciones [...] que las instituciones deben tener prudencia y cautela ante la posibilidad de brindar información confidencial, a fin de proteger la intimidad de la persona ...”, según la misiva firmada por ella recibida el pasado 4 de enero en La Prensa.
El procurador subrayó que “si la Corte ya concedió la acción de habeas data y ordenó la entrega de información, cualquier calificación contraria que se haga en el sentido de seguir considerando confidencial la información hace que se incurra en desacato a lo fallado por la Corte”.
Lo único que procede, añadió González, es entregar la información, y recordó que lo requerido está comprendido en el artículo 11 de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia) que la califica de acceso público.
Lo acontecido es “un reiterado desacato, una elusión constitucional”, señaló el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, y recomendó exigir a la CSJ que haga cumplir el fallo.
“Es una desviación del poder y una flagrante violación a la Constitución que juraron cumplir en su calidad de diputados. Además, están violando la ley orgánica de la Asamblea”, reclamó Bernal.
Este comportamiento por parte de la Asamblea “revela absolutamente la ausencia de institucionalidad en este país cuando un Órgano se burla olímpicamente de un fallo de la CSJ”, agregó.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, reiteró que la Asamblea no está por encima de la ley y que la Contraloría General de la República está obligada a entregar la auditoría a las donaciones y contratos de la Asamblea al Ministerio Público, para así reabrir la investigación por la posible comisión del delito de peculado.
El habeas data se produce luego de que la Asamblea ignorara varias solicitudes de información que La Prensa presentó a Ábrego y al anterior presidente, el diptuado Rubén De León.
Una investigación de este diario reveló que entre julio de 2014 y diciembre de 2016 la Asamblea desembolsó $68 millones en 17 mil contratos por servicios que, la mayoría de las veces, no se recibió.
Los asistentes de los diputados ofrecían estas contrataciones como ayudas a persona de escasos recursos económicos. Los contratados recibían solo 5% del monto del cheque; el resto lo debían entregar a funcionarios del legislativo.
Descargue el fallo del habeas data aquí.