Es amplia la gama de irregularidades detectadas por las autoridades en el uso de los salvoconductos (documentos que permiten circular) durante la cuarentena.
Empresas que expiden este documento a personal que no forma parte de su planilla laboral; personas que suplantan al dueño del permiso, y la falsificación de este papel son algunos de los casos más comunes.
Por estos días, una buena parte de las audiencias virtuales del sistema penal acusatorio tiene que ver con este asunto. Por ejemplo, el pasado 4 de abril una jueza de garantías en Los Santos impuso arresto domiciliario a una mujer de 39 años de edad por presentar un salvoconducto falso en un retén en Chiriquí.
Ese mismo día, otro juez de garantías de la capital aplicó la misma medida a dos hombres que fueron sorprendidos con salvoconductos falsos, mientras vendían legumbres en Betania.
Sindy Hernández, jueza de paz de Ancón, recientemente lidió con el caso de una empresa, cuyo nombre se reservó, que otorgó un salvoconducto a una persona que no trabajaba allí.
“Un llamado a las empresas: el salvoconducto es para los colabores de la empresa, no para los amigos”, dijo la jueza de paz, quien agregó que el detenido, incluso, no portaba permiso de trabajo y tenía el pasaporte vencido.
Esta semana, la alcaldesa de Penonomé, Paula González, denunció a personas que habrían estado usando salvoconductos para desplazarse desde Río Hato, en Coclé, hasta Penonomé, y comercializar pescados.
Según contó González, las personas tenían salvoconductos de productores, pero vendían pescado casa por casa y esta actividad, de acuerdo con la alcaldesa, requiere un permiso de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
González aseguró a este medio que debido a las múltiples quejas por casos similares, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) –que expide los salvoconductos a los productores–, emitió una circular en la que advierte que los permisos se van a empezar a tramitar a través del Ministerio de Salud (Minsa).
En el Valle de Antón, distrito donde sectores de la población tienen sus casas de campo, sonaron pailas la noche del pasado 8 de abril en protesta contra quienes, supuestamente, consiguen salvoconductos para visitar sus fincas antoneras durante los fines de semana. En un video compartido en redes sociales, se mencionó que en ese grupo estarían políticos locales.
A su vez, la Gobernación de Herrera fijó nuevos requisitos para la expedición de estos documentos, por la gran cantidad de personas que hizo mal uso de ellos.
Nuevas medidas
El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, informó que la próxima semana reevaluarán la manera cómo se están expidiendo los salvoconductos.
“Se ha dicho en esta mesa que los salvoconductos no son una patente de corso. Y se sabe que se ha abusado de los salvoconductos. En coordinación con el Minsa, se están tomando las determinaciones para cancelar esos salvoconductos y detener esas personas. Se vio en La Pesa de La Chorrera, la cantidad de gente viajando para el interior”, narró Pino en la conferencia de prensa del pasado jueves 9 de abril.
El decreto 507 del pasado 24 de marzo, que amplió el toque de queda a 24 horas, exceptúa a 34 sectores de las restricciones de movilidad. En ese grupo están alcaldes, representantes de corregimiento y personal de la fuerza pública, Minsa, Caja de Seguro Social, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Autoridad de Aseo y Autoridad del Canal de Panamá, entre otros.
También se exceptúan del toque de queda a hospitales, laboratorios, veterinarias, farmacias, supermercados, abarroterías, los auto-servicios de los restaurantes, empresas de seguridad, bancos y cooperativas, medios de comunicación y proveedores de internet, entre otras actividades.
Hasta el pasado 28 de marzo, más de 300 mil salvoconductos habían sido emitidos. La Prensa consultó cuántos se habían otorgado hasta ayer, pero al cierre de esta edición, el Ministerio de Comercio e Industrias no había suministrado esa información.
Algunos consideran que el decreto tiene muchas excepciones y que se debería restringir, pues opinan que personas con salvoconductos mal usados abren el camino para que continúe la propagación del coronavirus en Panamá y con ello aumente el número de fallecimientos.