Por lo menos 175 jueces de garantías, de juicio oral y de cumplimiento, que están en los puestos de manera interina en el Sistema Penal Acusatorio, deberán someterse a un proceso de reclutamiento bajo los parámetros de los méritos y competencias, como lo dispone la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, de carrera judicial.
Lo anterior, luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo 14 del pasado 6 de enero, acordara declarar las vacantes de esos cargos para someterlos a concursos.
Esta es una de las primeras decisiones de la nueva presidente de la Corte, María Eugenia López Arias, quien sometió el tema a consideración de sus colegas magistrados y recibió el apoyo de la mayoría. El único que no firmó el acuerdo fue el magistrado Cecilio Cedalise.
Abogados y activistas pro justicia aplauden la medida. Para 2022, el Judicial cuenta con un presupuesto de $205.6 millones y, recientemente, se anunció una partida de $15 millones para la carrera judicial.
Carrera judicial: ¿el fin de los jueces nombrados a dedo?
El pasado jueves 6 de enero, en una sesión del pleno de la Corte Suprema, su nueva presidenta, la magistrada María Eugenia López Arias, pidió la palabra para someter a consideración de sus colegas una de sus primeras decisiones: declarar las vacantes de las posiciones de jueces de garantías, de juicio oral y de cumplimiento de las oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Esto, con el propósito de ejecutar una vieja aspiración de la ciudadanía: la implementación de la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial en el país.
Sin la firma de Cedalise
Al momento de votar, los magistrados respaldaron de manera unánime la propuesta, según lo que dice el Acuerdo 14 del 6 de enero de 2016, documento donde se pueden observar las firmas de López, la magistrada proponente, y de Olmedo Arrocha, José Aýu Prado, María Cristina Chen Stanziola, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez, Miriam Cheng y Ángela Russo. No consta la firma de Cecilio Cedalise, el mismo magistrado que el pasado 3 de enero, día en que la Corte escogió a su nueva junta directiva, y por ende a López Arias como presidenta, votó en blanco.
Los puestos que se declararon vacantes están ocupados interinamente y el propósito, según consta en el acuerdo, es que se realice “un proceso sistemático de reclutamiento y selección por méritos y demostración de competencia”.
El pasado lunes, cuando pronunció su primer discurso como presidenta de la Corte, López anunció que esto venía. Adelantó que los jueces interinos del Órgano Judicial tendrían que aplicar para entrar en la carrera judicial. Pidió no tenerle “miedo” a la implementación de la carrera judicial, porque ésta, añadió, “lo que busca es que aquellos funcionarios que estén preparados y tengan competencia, ocupen sus cargos, pero a través de un concurso”.
La presidenta de la Corte ya contaría con una partida de $15 millones para poner a andar la carrera, como prometió el propio gobernante Laurentino Cortizo el pasado 2 de enero, cuando presentó su informe a la Nación.
Este año, el Órgano Judicial manejará un presupuesto de $205.6 millones, de los que $190.6 millones son para funcionamiento.
Los últimos presidentes de la Corte —Luis Ramón Fábrega, Hernán De León y José Ayu Prado— alegaron una y otra vez que no había presupuesto para poner la carrera judicial en marcha, pese a que la ley está vigente desde 2015. En cambio, estos presidentes escogieron, a dedo, a por lo menos 600 funcionarios judiciales para el SPA, mecanismo de justicia que se ha puesto en marcha por etapas. En el primer distrito judicial (Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, Madugandí, Wargandí y Emberá Wounaan) entró en vigencia el 2 de septiembre de 2016.
Los números
De acuerdo con datos de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos del Órgano Judicial, en Panamá hay 98 jueces de garantías, 6 están en carrera judicial y 92 son interinos. Existen 32 jueces de cumplimiento, de los que solo 1 está en carrera, y hay 74 jueces de juicio, de los cuales 22 están en carrera y 52 son interinos.
Es decir, que actualmente en esta jurisdicción hay 175 jueces interinos. Todos ellos deberán ir a concurso para optar por el cargo.
Respaldo
El anuncio de que se declaran vacantes estos puestos, hasta el momento ha generado reacciones positivas.
“Es un paso necesario para activar los mecanismos para regularizar el estatus de los jueces del SPA que a la fecha se mantienen en interinidad, situación que atenta contra la independencia del juzgador”, aseguró Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana ProJusticia.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, dijo que este es un paso “acorde” con las prioridades de la nueva junta directiva de la Corte; sin embargo, pidió “disposición para escuchar a los operadores de justicia”, y recordó que en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la propia Corte hay varias demandas (al menos 40) contra la convocatoria de concursos para magistrados del Tribunal de Apelaciones. “Es importante acabar con la interinidad de jueces y magistrados pero hay que garantizar a los buenos funcionarios un acompañamiento”.
El abogado Giovany Olmos considera que la implementación de la carrera puede hacerse gradualmente, a través de un cronograma de cumplimiento en los distintos distritos judiciales.
“La Corte debe analizar las quejas, sanciones disciplinarias y denuncias de los funcionarios para establecer las evaluaciones de su desempeño”, aseguró.
