Los abogados de dos de las imputadas por organizar jornadas de inmunización clandestina, insisten en que lo que se aplicó a los vacunados fue agua salina y no la dosis contra la Covid-19.
Jerónimo Mejía, y Alfredo Vallarino, quienes defienden a Denisse Vega de Murzi y Celine Gazal de Esses, respectivamente, ambas investigadas por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, citaron lo que declaró Matías Pérez Escudero, el vacunador, ante el Ministerio Público. Este, de acuerdo con los abogados, aseguró que en las jornadas de vacunación realizadas en junio pasado, en Coco del Mar y Punta Pacífica, se aplicaron vacunas con agua salina.
La tesis de los abogados se escuchó ayer en una audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, diligencia en la que se confirmó la medida cautelar de notificación periódica (el día 25 de cada mes) e impedimento de salida del país a Celine Gazal de Esses.
Los magistrados Carlos Rivas, Gladys Moreno y María Vigil confirmaron la decisión adoptada por la jueza de garantías Dania García, la semana pasada. También mantuvieron la decisión de la jueza García de no aplicar medidas cautelares a Denisse Vega de Murzi, argumentando que ha colaborado con la investigación.
No convenció
Según los magistrados del Tribunal de Apelaciones, la fiscal Marina García Collado no pudo sustentar de manera “convincente”, la necesidad de aplicar medidas de restricción de la libertad más severas a ambas imputadas.
Precisaron que las alegaciones de la fiscalía fueron “insuficientes”, en cuanto a demostrar que ambas procesadas mantenían riesgos procesales, como desatención del caso y destrucción de pruebas.
La fiscal García Collado había solicitado a los magistrados del Tribunal de Apelaciones revocar la medida cautelar de notificación periódica a favor de Gazal de Esses y, en su lugar, aplicar una medida de detención preventiva. También pidió aplicar una medida de impedimento de salida del país a Vega de Murzi.
La fiscalía estimó que, por la gravedad del delito contra la salud pública, que tiene una pena de más de cuatro años de prisión, era procedente endurecer las medidas cautelares a ambas imputadas.
También sustentó que las jornadas de vacunación se efectuaron sin seguir los protocolos del Ministerio de Salud (Minsa) y que se puso en riesgo la salud de un grupo de personas.
‘Todo fue un engaño’
Mejía, defensor de Vega de Murzi, alegó que su cliente fue víctima de un engaño, ya que se le contactó ofreciéndole la vacuna contra la Covid-19, pero eso nunca fue cierto. Mejía alegó que tras percatarse del error cometido, su defendida colaboró con las investigaciones e incluso facilitó al Ministerio Público su teléfono celular.
Además, precisó que su cliente entregó a la fiscalía la tarjeta de vacunación que le fue entregada, para que se determinara su autenticidad.
Por su parte, Alfredo Vallarino, abogado de Gazal de Esses, relató que su cliente fue engañada por Pérez Escudero y que éste le aseguró tener vacunas contra la Covid-19. Vallarino relató ante el tribunal que su representada puso en riesgo a miembros de su familia, ya que creía en la autenticidad de las vacunas, pero que, tras percatarse del engaño, colaboró con las investigaciones.
El escándalo salió a la luz luego de que una investigación de La Prensa dejó al descubierto una de las jornadas de vacunación clandestina. Las vacunas contra la Covid-19 no están a la venta del público y el Minsa las proporciona, de manera gratuita.
