La noche del pasado 9 de diciembre de 2013, Yakiri Rubí Rubio Aupart, de 20 años, caminaba por una calle del céntrico sector de Doctores, en la ciudad de México.
Rubio había quedado de encontrarse con su novia, y mientras se dirigía a la cita, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron.
“Flaquita, flaquita. Súbete, flaquita”, le dijeron a Yakiri, según publicó Milenio.com.
Al ver que la muchacha no les hacía caso, uno de ellos bajó de la moto y, cuchillo en mano, la amenazó y la obligó a subirse.
Aprisionada entre los dos hombres sobre la moto, con el filo del arma en su espalda, a Yakiri se la llevaron a toda velocidad, hasta un hotel.
En una habitación, ambos hombres la maniataron. Uno de ellos abusó de ella mientras el otro miraba.
Luego de amordazarla para que no gritara, uno de los hombres abandonó la habitación. Fue entonces que la muchacha intentó escapar.
Yakiri forcejeó y se produjo una dura lucha. En algún momento, Yakiri, según contó a las autoridades y a su familia, logró torcer la mano de su agresor, que debido a ello, se hizo un tajo profundo en el cuello.
Al verse herido, huyó precipitadamente del lugar. Yakiri, semidesnuda y sangrante, salió y gritó pidiendo apoyo. En un establecimiento le ayudaron a llamar a la policía.
Sin embargo, los hechos tuvieron un giro inesperado. Mientras los policías le tomaban declaración y rastreaban a los presuntos agresores, apareció un hombre que decía que una mujer como ella acababa de matar a su hermano.
La policía juntó las dos versiones y al comprobar la muerte denunciada, resolvió detener a Rubio y formularle cargos de homicidio. La denuncia de agresión y violación quedaron en segundo plano.
Ahí comenzó el calvario, la lucha, la indignación.
Yakiri Rubio fue trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla, en el oriente de ciudad de México, y posteriormente al penal de Tepepan, en el sur de la capital, reseña un cable de la agencia EFE.
“Misteriosamente”, las pericias que daban cuenta de la agresión sufrida primero por Rubio, “desaparecieron”.
El Ministerio Público, donde fue interrogada tres veces, dijo que ella “había caído en contradicciones” y desecharon su versión de los hechos.
Según la abogada Ana Katiria Suárez, que lleva la defensa de Rubio, las irregularidades que se produjeron en la detención de la joven fueron numerosas, ya que además de “deficiencias en los peritajes” no se siguió el protocolo de actuación ante una denuncia por delito de género.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) presentó un alegato de 44 páginas que ponía el acento en una serie de omisiones en que habrían incurrido las autoridades en el procedimiento del acopio de pruebas.
Medios de comunicación insinuaron (algunos lo afirmaron) que Yakiri era la novia de su agresor.
Como sustento, presentaron información suministrada por las propias autoridades que hacían ver que la víctima conocía a su agresor y que habían sostenido relaciones consensuales sin violencia.
Una vez se conoció su historia, la indignación y la rabia cundieron entre diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, movimientos contra la violencia hacia la mujer y ciudadanos y ciudadanas cansados de los abusos y la injusticia.
El padre de Yakiri, José Luis Rubio, se convirtió en el abanderado de su causa.
La presión hizo “aparecer” nuevamente las pruebas “desaparecidas” y reconsiderar, por parte de la justicia, el caso de la muchacha.
Ello permitió que el cargo imputado a la joven cambiara de “homicidio calificado” a “homicidio por exceso en legítima defensa”.
De tal suerte, que se le fijó una fianza de excarcelación de 32 mil dólares para que pudiera seguir su caso en libertad.
La familia logró reunir 7 mil 553 dólares de esa cantidad y con esa cifra (y el compromiso de pagar el resto durante el proceso) finalmente lograron que Yakiri saliese de prisión el pasado 5 de marzo.
“El machismo me trajo aquí y hoy estoy contenta, pero sé que tengo que seguir luchando”, dijo la joven a su salida de la cárcel, donde era esperada por su familia y decenas de personas y representantes de medios de comunicación.
Pese a haber recuperado su libertad, Rubio siente que no ha recobrado su paz.
“Por ahora lo que quisiera es descansar lejos, pero no puedo porque tengo que seguir con el proceso judicial”, dijo a Univisión.
Rubio dice que esto no ha terminado. Uno de sus presuntos agresores, justamente el hermano del occiso y quien la denunció, está prófugo. Yakiri tiene miedo. Pero también ha dicho que no descansará hasta que su segundo agresor y denunciante “pague por lo que hizo”.
Según las estadísticas del Ministerio Público de Panamá, los delitos contra la libertad e integridad sexual han ido en aumento. El balance del año pasado muestra que hubo 4 mil 431 casos, de los cuales mil 934 fueron violaciones.
En 2013 se registró un aumento de 744 casos de violación, comparado con 2012, cuando se denunciaron mil 190, según la Dirección de Investigación Judicial.
El 95% de los casos denunciados correspondería a mujeres, aunque esta cifra no tiene respaldo oficial. No obstante es la que las autoridades y los especialistas manejan. Y esta cifra no incluye los casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
En octubre del año pasado se sancionó la ley que tipifica el feminicidio como delito y que elevó a 30 años la pena de cárcel por el asesinato de mujeres.
Con la norma se busca la adopción de medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. Crea, entre otras cosas, el Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (Convimu), dependiente del Instituto Nacional de la Mujer e incluye un artículo para estipular que en investigaciones por violencia contra la mujer no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas, a fin de evitar la investigación o eximir la culpabilidad. Aunque no es la panacea, se espera que esta ley ayude a frenar las agresiones contra la mujer y a cambiar la cultura machista.