Una de las víctimas de los presuntos abusos sexuales cometidos en uno de los albergues bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), identificó a su acosador durante una audiencia celebrada el martes 9 de marzo.
El joven relató que fue llevado al Refugio Vida Libre, ubicado en Las Garzas, corregimiento de Pacora, junto a otros 12 menores de edad. Llegaron a este centro que atiende a adultos con adicción a las drogas, por recomendación de la Senniaf, pues no había cupo en los albergues dispuestos para niños, niñas y adolescentes.
En Vida Libre, narró, un sujeto lo acosaba. Le hacía insinuaciones de tipo sexual y varias veces intentó tocarle sus partes íntimas. Un día, dijo en la audiencia, presenció cómo ese hombre abusaba sexualmente de uno de sus compañeros que tenía cierto grado de discapacidad, otro menor de edad, igual que él.
En la audiencia también dijo que aprovechó la visita de unas trabajadoras sociales para alertar sobre la situación. Los abusos ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia por la Covid-19.
Por estos hechos, los jueces de garantía ordenaron la detención preventiva de un hombre de 23 años, identificado como atacante de ambas víctimas.
En la audiencia también se narró que el niño con discapacidad fue abusado al menos en tres ocasiones por el hombre que ahora está detenido.
El pasado martes 9 de marzo, el procurador encargado, Javier Caraballo, reveló que adelantan 18 investigaciones por los abusos en albergues bajo la tutela del Estado y que se han efectuado inspecciones en 57 de estos centros e identificado a 20 víctimas, que ya fueron reubicadas.
Caraballo recibió ayer a un grupo de diputadas de la Asamblea Nacional que solicitó cortesía para exponerle una serie de inquietudes ligadas a las investigaciones, ya que pertenecen a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del legislativo y que el pasado 9 de febrero dio a conocer algunos detalles del informe que reveló los abusos cometidos en los albergues.
Kayra Harding, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que se logró un acuerdo con Caraballo para que dos fiscales de familia participen en la redacción de una ley integral de protección de los niños, niñas y adolescentes del país. También apuntó que el Procurador les informó que un juicio relacionado a los abusos, que originalmente estaba fijado para 2023, fue reprogramado para julio próximo.
La diputada independiente Walkiria Chandler advirtió de que el Ministerio Público tiene una cifra de 57 menores que podrían haber sido objeto de abusos, pero en realidad son 80. Chandler catalogó la visita de “bastante cosmética” y dijo que Caraballo no pudo precisar el número de casos abiertos.
La perredista Zulay Rodríguez dijo a los medios que le entregaron nás de 400 páginas de información al Procurador, en las que constan tres nuevos casos sobre abusos en albergues. Rodríguez también expresó que cuando Eduardo Ulloa, procurador hasta el 2 de marzo pasado, quiso conducir a Sara Rodríguez y a Carla García —exdirectora y exsubdirectora de la Senniaf—, “vino el papá, se puso muy bravo, se dio todo este conflicto y él [Ulloa] renunció. No aguantó la presión”. El papá de García —hoy gobernadora de la provincia de Panamá— es el viceministro de la Presidencia, Carlos García.
Rodríguez también pidió citar a la exministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, quien actualmente ocupa un puesto diplomático en Estados Unidos.