Desde que la oposición retomó las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en abril pasado, al menos, 38 personas han muerto en hechos relacionados con las protestas, las 2 más recientes ayer, aunque el Ministerio Público solo ha hecho oficial 35.
Miguel Medina, un joven de 20 años del estado Zulia, murió tras permanecer nueve días en el hospital por un impacto de bala. Se desconoce quién disparó.
Más temprano, en el estado de Carabobo, falleció el joven Hecder Lugo (20 años) . Según el diario El Nacional, las dos hipótesis que se manejan sobre su muerte son el impacto de una bala o un golpe ocasionado con una “metra” (canica) en la cabeza. No obstante, testigos presenciales aseguraron en un video que circularon en las redes sociales que Lugo “fue rematado con un tiro en el cráneo”, mientras se encontraba en el suelo. Lugo quedó envuelto en un enfrentamiento entre opositores y la fuerza pública que dejó, además, cuatro heridos.
“En menos de un mes ha fallecido el equivalente a 83.7% del total de personas fallecidas durante 3 meses de protestas en 2014”, cuando 43 personas perdieron la vida mientras se manifestaban en contra del Gobierno, destacó la oenegé de derechos humanos Provea en su cuenta de Twitter.
Desde que Maduro llegó al poder, el 14 de abril de 2013 han perdido la vida en protestas 93 personas: 9 en 2013, 43 en 2014, 1 en 2015, 2 en 2016 y 38 en lo que va de abril y mayo, cinco de ellos menores de 18 años.
De hecho, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Venezuela expresó, en un comunicado, su preocupación por el aumento de las víctimas jóvenes y catalogó de “inaceptable” la pérdida prevenible de vidas. Además, llamó a asegurar la “apropiada” protección de la niñez y la adolescencia en cualquier contexto.
El expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup también rechazó las muertes de jóvenes en las protestas. “Gobierno ejecutando ‘Plan Herodes’. Siguen asesinando niños. Hoy fallecieron Hecder Lugo y Miguel Medina, ambos de 20 años”, tuiteó Allup.
A pesar de que la represión del Gobierno continúa en las calles del país, protestas espontáneas se produjeron ayer en diversos estados. En Caracas, un grupo de personas cerró el acceso a la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la plaza Altamira, para expresar su desaprobación al reciente anuncio del presidente Maduro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
ALCALDES SE PRONUNCIAN
Los alcaldes pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) manifestaron su respaldo a los manifestantes que salen a diario a expresar su descontento, y pusieron a disposición de ellos los servicios municipales que necesiten durante las marchas (atención de salud, policía).
El alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blyde, aseguró que su deber es garantizar que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, con la protección de la Policía Municipal y sin que se lleven a cabo actos de vandalismo. “La protesta en paz es efectiva, porque es una lucha de resistencia contra quienes se salieron del orden constitucional”, acotó.
Blyde añadió que la resistencia de los manifestantes no debería implicar la violencia y afectaciones a la comunidad. “Siempre hemos rechazado los actos de violencia y las guarimbas. Nosotros no creemos en eso, porque todo lo que hemos logrado ha sido por medio de la protesta pacífica”, alegó.
El funcionario también denunció la convocatoria de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente. Afirmó que el presidente está violando el debido proceso para activar este mecanismo, ya que se ha saltado varios pasos, y que debe consultar al pueblo.
El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, comentó las recientes acusaciones de las que son objeto los alcaldes opositores por la violencia que se registra en medio de las manifestaciones. “Quienes aquí estamos sentados hemos recibido constantes amenazas para dejar de hacer nuestro trabajo y nuestro deber de defender el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos”, aseguró Muchacho.
El alcalde de Chacao se refiere a declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien lo acusó de forma despectiva por la supuesta promoción de los hechos violentos que sucedieron en su municipio el martes 25 de abril.
Según los alcaldes, representantes de Maduro tergiversan sus declaraciones para responsabilizarlos de actos de violencia, muertes, agresiones y conspiraciones.
DENUNCIAN AL METRO
En tanto, las oenegés Espacio Público, Provea y Acceso a la Justicia denunciaron ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia a las autoridades del Metro de Caracas, por cerrar el servicio en sus estaciones cada vez que se convoca una protesta opositora en la capital.
El documento, presentado por los representantes de dichas organizaciones, puntualizó que el cierre de estaciones constituye una violación a derechos como el del libre tránsito y la libertad de reunión, y argumentan que durante la convocatoria de manifestaciones oficialistas el funcionamiento de este sistema de transporte sí está garantizado.
¿REOS PARA REPRIMIR?
Por otro lado, el ex candidato presidencial y dirigente opositor Henrique Capriles denunció que el gobierno de Maduro realizó una serie de pruebas a privados de libertad para utilizarlos en la represión de las manifestaciones opositoras.
Capriles apuntó como responsables de esta decisión, supuestamente acordada en el estado Zulia, a la ministra para Asuntos Penitenciarios Iris Varela y al ministro de Interior, Néstor Reverol. “Pretenden utilizar a privados de libertad, uniformarlos y ponerlos al frente de la represión”, remarcó.
El también gobernador del estado Miranda expresó que la decisión de Reverol obedece al “cansancio de los efectivos en las movilizaciones”. “Esto no se trata de contención del orden público, se trata de que por vía de las armas y la represión se quiere intimidar a un pueblo que pide elecciones”, opinó.
Capriles también denunció que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron detenidos, por manifestar su descontento con la actuación de las autoridades en los últimos tres meses. “Hay un grupo de unos 85 oficiales que han sido detenidos, me informan que hay más (...) Esos 85 funcionarios que no están de acuerdo con la actuación de la Guardia Nacional y de los policías (...) A través de sus familias me han pedido que transmita esa información al país”, relató en una transmisión a través de sus redes sociales.
También aseguró que un grupo de oficiales quiere darse de baja ante el rol protagonizado por los oficiales. Sin embargo, según Capriles, no se la quieren dar.
Mientras, un video difundido a través de las redes sociales ayer muestra cómo en un entrenamiento militar los oficiales de las fuerzas armadas cantan consignas contra la oposición, a la que se refieren como “maldita ultraderecha”. Mientras trotan por una zona residencial, entonan un cántico: “Quisiera tener un puñal de acero para degollar a un maldito guarimbero [manifestante]”.
SAMPER REACCIONA
El ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper (2014-2017), llamó al Gobierno a devolver las funciones constitucionales a la Asamblea Nacional.
En entrevista con CNN en Español, también dijo que no pierde la esperanza de que se pueda dar un diálogo entre el oficialismo y la oposición. “Creo que la única vía para encontrar una salida democrática, pacífica y rápida en Venezuela es un acuerdo de gobernabilidad”, afirmó, al tiempo que planteó como principales puntos a tratar el cronograma para celebrar elecciones regionales y presidenciales, una comisión de la verdad para que los actores políticos puedan asumir sus responsabilidades y obtener beneficios que les permitan ejercer como candidatos de elección popular y devolver las competencias a la Asamblea.
Un acuerdo de gobernabilidad que, según el también expresidente colombiano (1994-1998), fue ideado junto con los expresidentes Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Luis Rodríguez Zapatero (España).
PIDEN ACCIÓN POR LÓPEZ
La familia del encarcelado líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, pidió ayer en España que la Cruz Roja compruebe su estado de salud, en vista de que no confían en la supuesta prueba de vida presentada el pasado martes por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en la televisión estatal.
“La fe de vida que estamos pidiendo es que su esposa Lilian Tintori, mi madre Antonieta Mendoza y sus abogados Juan Carlos Gutiérrez y Gustavo Velásquez puedan verlo”, manifestó Diana López, hermana de Leopoldo.
“Desde hace 36 días, Leopoldo ha sido aislado totalmente y no tenemos idea de cómo estáél de salud”, apuntó el padre del opositor, Leopoldo López Gil, quien vive en España y a quien el gobierno de Mariano Rajoy le concedió la nacionalidad española en diciembre de 2015.
En la rueda de prensa, los abogados de López anunciaron que recurrirán a la justicia del país europeo para proteger sus derechos.
El jurista Javier Cremades especificó que se está preparando para los próximos días una querella ante la Fiscalía de Madrid para activar una jurisdicción que protege a todo ciudadano español de una “acción terrorista”. Cremades se basa en el artículo 573 del Código Penal español relativo al terrorismo en el que se contempla la intervención de la justicia española en caso de delitos cometidos en el exterior contra ciudadanos españoles.
En caso de admitirse la querella, los afectados que posean la nacionalidad española también podrán acogerse. El jurista aseguró que dos de los presos políticos que hay en Venezuela tienen la nacionalidad española, y que habrían sido víctimas de acciones terroristas por parte de grupos paramilitares afectos al oficialismo.
La oenegé Amnistía Internacional instó en una carta fechada el 4 de mayo, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a dar condiciones de reclusión dignas a López. Le recuerdan que el Gobierno debe respetar los tratados de derechos humanos y le solicitan poner fin de inmediato a cualquier trato cruel e inhumano contra él.