El nuevo sistema de justicia penal de México entró oficialmente en vigor ayer, dejando atrás un modelo de un siglo.
“Hoy tenemos nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos procedimientos e, incluso, nuevos espacios físicos para transformar la justicia penal en nuestro país”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto en un acto protocolar.
El antiguo sistema “mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante un aumento de violencia e inseguridad que se registró durante la primera década de este siglo”, reconoció.
Las sangrientas pugnas entre los carteles narcotraficantes y el despliegue militar para combatirlos que lanzó el gobierno en 2006, han dejado más de 100 mil muertos y desaparecidos, entre numerosas denuncias de impunidad y abusos de las autoridades.
La “histórica” implementación de esta reforma, que se ha hecho de manera paulatina en el país desde que fue aprobada en 2008, y que también aplica a la justicia militar, necesitó una inversión de más de mil millones de dólares, detalló Peña.
El nuevo sistema, basado en juicios orales similares a los estadounidenses o europeos, sustituirá el viejo, en el que los jueces sentenciaban sin ir a las audiencias ni ver la cara a los acusados, y entre pilas de expedientes.
“Hoy, sabemos que un juicio (...) no puede iniciarse sin una acusación sustentada y sin pruebas y evidencias”, apuntó el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Edgar Elías.
Para Estados Unidos, el sistema “traerá procesos abiertos, transparentes”, indica un comunicado de la embajada en México. Estados Unidos, el gran impulsor del sistema, ha canalizado $250 millones y capacitado a más de 30 mil personas, para ayudar en la transición. Detractores alegan que lo que busca es abrir las puertas a sus bufetes.