Panamá figura entre los países de la América Latina, donde los derecho fundamentales han estado en juego por el uso excesivo de la fuerza policial y la violencia contra manifestantes, según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Internacional (IDEA), sobre el balance de las tendencias democráticas antes y durante la Covid-19.
En medio de la crisis sanitaria, la fuerza pública debe hacer cumplir las medidas de cuarentena, confinamiento, y toques de queda. No obstante, el documento advierte que si bien “existen razones válidas” para hacer cumplir estas medidas, particularmente después de una declaración legal de estado de emergencia, “las circunstancias excepcionales que estas declaraciones crean con respecto a la suspensión de ciertos derechos y libertades podrían facilitar el uso excesivo de la fuerza policial”.
El pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional detuvieron a 26 personas, en su mayoría universitarios, quienes protestaban contra la corrupción y restricciones en la ayuda del gobierno a través de Panamá Solidario.
La pandemia, la democracia, y el uso de la fuerza policial
El balance de las tendencias democráticas en América Latina y el Caribe antes y durante la pandemia por la Covid-19, preparado por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Internacional (IDEA) reflejó que en Panamá, al igual que en otros países, se acentúa un exceso policial para mantener el orden público en medio de la pandemia.
Bajos estándares de transparencia
El informe de IDEA señala que aun cuando la mayoría de los parlamentos de América Latina han continuado funcionando durante la pandemia lo han hecho dedicando “menos tiempo” a las discusiones y cambiando protocolos, que restringen las interacciones con los ciudadanos y sociedad civil. En consecuencia, esto ha implicado estándares más bajos de transparencia, supervisión y participación pública que antes de la pandemia.
El nuevo coronavirus, según el informe, hizo que más de la mitad de las democracias en América Latina implementaran medidas que “presentaban aspectos preocupantes para la democracia y los derechos humanos”, se lee en el documento.
En ese sentido, el documento recuerda que Panamá es una de las naciones que ha facultado a miembros de las fuerza pública para hacer cumplir las medidas de cuarentena, confinamiento, y toques de queda.
Si bien, el documento señala, que “existen razones válidas” para hacer cumplir estas medidas, particularmente después de una “declaración de estado de emergencia”, las circunstancias excepcionales que estas declaraciones crean con respecto a la suspensión de ciertos derechos y libertades, podrían “facilitar el uso excesivo de la fuerza policial”.
Añade que es preocupante “el uso excesivo de la fuerza policial y la violencia contra manifestantes”. Esto ha ocurrido para dispersar protestas pacíficas contra las medidas de los gobiernos para contener la Covid-19.
Un caso reciente
El informe fue dado a conocer en la misma semana (miércoles 16 de diciembre) en que agentes de la Policía Nacional detuvieron a 26 personas, en su mayoría universitarios, quienes protestaban contra la corrupción y restricciones en la ayuda económica que da el gobierno de Laurentino Cortizo, a través del programa Panamá Solidario.
Varios protestantes, e incluso un reportero gráfico, fueron agredidos por los policías. Fue el caso de la estudiante de la Universidad de Panamá, Ileana Corea, quien fue golpeada a puños por la subteniente Yulia Garcés después de haber sido reducida por varios agentes. Corea estuvo arrestada por casi 24 horas acusada de agredir a la policía.
Ciudadanos vulnerados
El informe de Idea también pone la mirada en que las medidas implementadas por algunos gobiernos, incluyendo a Panamá, han vulnerado los derechos de las personas LGBTI.
Por ejemplo, hace alusión a que, en un principio, las restricciones de circulación basadas en género afectaron a las personas transgénero.
También advierte que organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de migrantes, quienes han tenido escaso acceso a la atención médica y han padecido de hacinamiento en los centros de detención. Sobre este aspecto se recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Panamá en julio que “mejorara la atención a los migrantes en los refugios de la provincia de Darién’.
En el informe, de 47 páginas, se deja claro que aunque en América Latina existían casos de corrupción antes de la pandemia, las estrategias para combatir el virus han traído nuevas oportunidades para continuar con esta práctica. En Panamá, el Ministerio Público adelanta varias investigaciones por supuestas irregularidades en las compras de la pandemia.
Los desafíos
Otros de los desafíos que la Covid-19 le ha puesto a la democracia son: la alteración del calendario electoral de la región, [casi la mitad de las 25 elecciones que estaban en agenda fueron aplazadas]. Puso en vilo a los derechos fundamentales, generó nuevos peligros por el derecho a la privacidad, aumentó la desigualdad de género y la violencia doméstica, y limitó el acceso a la justicia.
