ANÁLISIS

La violencia sexual contra la mujer no es un chiste

La violencia sexual contra la mujer no es un chiste
La violencia sexual contra la mujer no es un chiste

Si se hace una búsqueda en Google de la frase “Panamá, mujer violada y asesinada por su pareja”, los resultados arrojan más de 230 mil enlaces. Así de grande es el problema.

En las últimas semanas, entre reformas constitucionales, Varelaleaks y el rendimiento de la selección nacional de fútbol, dos noticias fuera de este listado conmovieron a la opinión pública: el robo y violación de dos turistas y la divulgación en redes sociales de los videos de un hombre que tocaba las partes íntimas de sus víctimas en centros comerciales de la capital del país.

Ambas conductas tienen en común la deshumanización y revictimización de las mujeres agredidas, ya que en ambos casos, se grabaron videos con teléfonos celulares.

Los índices de embarazos en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son alarmantes. Cualquier embarazo en una menor de edad, aunque haya “consentimiento” revela un serio problema que bordea abiertamente con lo delictivo. Frente a esto, la sociedad panameña sigue estancada en un pseudo debate sobre “ideología de género”, y la insistencia de que las clases de educación sexual terminaran produciendo más homosexuales y un despertar más temprano de la sexualidad juvenil. Esta creencia revela homofobia y mucha ignorancia sobre lo que está pasando en el país.

Los actos de agresión simbólica, económica, psicológica y física contra las mujeres no son acciones sexuales, si no una demostración de la supuesta superioridad de los varones.



De acuerdo con el Ministerio Público, de enero a octubre de este año se denunciaron 2 mil 238 violaciones; 2 mil 46 casos de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, y 36 casos de acoso sexual . Nótese el bajísimo número de denuncias por acoso sexual en relación con las violaciones.

Si se entiende que una denuncia es un trámite ante una institución pública, que debe ser ratificada y que exige una participación continua de la víctima, se puede entender que en Panamá hay un gran subregistro de los delitos sexuales.

En Panamá, el sistema penal está seriamente limitado en su tipificación de todas las conductas que constituyen una agresión contra las mujeres, que habitan nuestro territorio. Además, el país carece de recursos humanos especializados para atender estos casos en la Policía Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y en el sistema de justicia. No hay una defensoría de las víctimas que ofrezca sus servicios de forma gratuita y especializada para estos casos. La cultura legal del país revictimiza y menosprecia a estas víctimas.

La conducta del joven que grababa sus agresiones se tipifica como un acto libidinoso, conducta que apenas tiene una sanción de 1 a 3 años de prisión, lo que lo hace convertible a días multas. Como existe el agravante de que fueron múltiples las víctimas, la pena podría ser de 4 a 6 años de prisión. Se necesitaría que varias víctimas hicieran las denuncias para obtener esta pena.

La ley 82 de 2013 mandata que los culpables de este tipo de delitos reciban un tratamiento multidisciplinario para corregir su conducta. Esto podrá ser en un centro privado o público.

Las agresiones contra las mujeres fueron grabadas por un cómplice que también debería enfrentar los mismos cargos, ya que revictimizó a cada una de las jóvenes atacadas. Eso es violencia simbólica, y la divulgación intencional del material adquiere la categoría de agresión psicológica, porque humilló a las víctimas y reiteró su vulnerabilidad.

Las mujeres han tenido que aceptar una cultura que ha normalizado ciertas categorías de agresiones sexuales en espacios públicos y privados, desde piropos, miradas, insinuaciones, roces y otros actos como parte de la vida cotidiana. Tarde o temprano eso se transforma en violación.

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