ALTO RIESGO

Virus en la celda; el doble castigo de los detenidos

Virus en la celda; el doble castigo de los detenidos
Datos del Ministerio de Gobierno de abril de este año indican que el número de detenidos, entre procesados y condenados, es de 17 mil 899. Archivo

Hacinados en espacios húmedos y cerrados y con múltiples enfermedades respiratorias, los cerca de 18 mil detenidos del país representan una de las poblaciones de mayor riesgo a la infección de Covid-19, pandemia que ha dejado más de 300 muertos en Panamá desde que se reportara el primer caso el pasado 9 de marzo.

“Si hay un caso tiene que haber más, aquí hay cerca de 28 personas por celda”, relata Robin, nombre ficticio de uno de los 4 mil 414 detenidos de La Nueva Joya, la principal cárcel del país y donde hace cinco días -el 20 de mayo- se reportó el primer caso positivo del virus SARS-CoV-2.

De inmediato, el Ministerio de Gobierno, a cargo de la titular Janaina Tewaney Mencomo y responsable de las cárceles a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), señaló mediante un comunicado que el reo fue aislado y se hicieron las pruebas de hisopado a los que tuvieron cerca del afectado para ver si había más contagios.

Angustias y quejas

Pero en La Nueva Joya cunde el temor. De hecho, Robin plantea que no se le hizo la prueba a todos. Además, se queja del racionamiento del agua y de que ahora los familiares ni siquiera pueden dejarles con la administración del penal gel antibacterial, ya que, como se sabe, las visitas están prohibidas.

“No hay clínica para nadie, excepto que sea una emergencia de vida o muerte y hace como un mes la comida está llegando menos de lo normal y no hay suficientes custodios” agrega Robin.

“No hay mascarillas, no hay alcohol, no hay gel antibacterial. Usamos jabón y agua. Le pedimos a Dios que este virus no se propague”.

Desde la DGSP aseguran que, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), “se garantiza a los reclusos, atención médica oportuna, así como la aplicación de pruebas masivas de hisopado, aislar los casos positivos, dotación de insumos, mascarillas, entre otras acciones con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de la población privada de libertad”.

En Colón y Santiago

En la cárcel Nueva Esperanza, en Colón, con una población penitenciaria de mil 613, se han reportado 26 casos. “Esto aquí es un caos, todas las personas que están contagiados las están trasladando a otro lugar”, dice un reo que se hace llamar Paolo.

“Al principio se hizo una huelga para que fuéramos atendidos. Vino la ministra de Gobierno, nos prometió el cielo y la tierra; todo se ha basado en listas de rebajas de pena, pero sólo de boca, porque nada de eso se ha hecho realidad”, dice.

En tanto, a 250 kilómetros de la capital, en Santiago de Veraguas, el virus ha causado correderas.

La semana pasada los detenidos encendieron colchones en demanda de atención. Ya van 10 casos en esta cárcel con una población de 518.

Malos presagios

Una situación de mucho mayor calado se ha vivido en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere). Allí, según datos de la DGSP, se han reportado 96 casos. Si se considera que al mes de abril de este año la población era de 617 reclusas, el impacto de la enfermedad en este centro sería del 15.5%.

“Estamos aglomeradas en 10 casas que llamamos hogares, y todos los días salen contagios. El virus está aquí. Imagínese cómo estamos. Los médicos nos dicen que no hay medicamentos”, plantea una detenida que se identifica como París.

“Todas respiramos el mismo ambiente, custodias y administrativas, que son las que trajeron ese virus, porque tienen contacto con gente de afuera”, cuenta París, quien también se queja de las restricciones para introducir alcohol o gel.

“Sí, tenemos culpa de haber hecho cosas que castiga la ley, pero aquí hay señoras de más de 50 años con enfermedades crónicas; somos seres humanos”, reclama.

Señala que desde el 16 de marzo se le avisó a la ministra y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, de la vulnerabilidad de las detenidas del Cefere. Los resultados, dice, demuestran que no se hizo nada o muy poco.

De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo habían advertido: si la pandemia penetraba las cárceles su propagación sería difícil de frenar. Por eso recomendaron buscar mecanismos de excarcelación cuando las circunstancias lo permitieran.

Cortizo ha firmado cerca de 200 rebajas de pena y los jueces de cumplimiento han otorgado decenas de depósitos domiciliario, pero para París y sus compañeras esto es insuficiente.

Desde el equipo de prensa del Ministerio de Gobierno informaron que, efectivamente, no se permite el ingreso de ciertos productos como alcohol y que desde el inicio de la pandemia se han suspendido las visitas de familiares para prevenir contagios. Señalan que, incluso, la Defensoría del Pueblo se ha involucrado, especialmente en el Cefere para garantizar los derechos de las privadas de libertad.

Reiteraron lo dicho a través de varios comunicados: que cada vez que detectan un caso hacen pruebas masivas de hisopado y que la mayoría de los contagios -133 en total- son leves. En relación a los reclamos de los internos de atención de salud y de entrada de enseres, insisten en que se siguen los lineamientos del Minsa y se les atiende en la medida de las posibilidades.

Mientras, detenidas como París, dicen sentirse acorraladas, más presas que nunca. “¿Será que de verdad alguien debe morir para que esto explote más”, se pregunta.

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