La discusión sobre si se debe pagar o no dietas a los funcionarios que forman parte de las juntas directivas de entidades públicas regresa a la Asamblea Nacional.
Una propuesta de ley, que espera ser discutida en la Comisión de Presupuesto –que preside el perredista Benicio Robinson– establece que los ministros y viceministros de Estado, diputados, directores, gerentes o jefes de instituciones estatales, autónomas o semiautónomas, o cualquier servidor público que forme parte de juntas directivas, no devengarán salario adicional, gasto de representación, dieta o emolumento alguno por ejercer la función de miembro o director de alguna junta directiva.
Esta iniciativa de ley, que impulsa el diputado panameñista Luis Ernesto Carles, surge luego de que el procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtiera el año pasado que no existen normas jurídicas que regulen o establezcan un techo al monto de la dieta que se le paga a cada miembro de las juntas directivas, por lo que el asunto queda a discrecionalidad de cada entidad estatal.
Buscan eliminar las dietas en directivas
Un anteproyecto de ley que busca acabar con el pago de dietas en las juntas directivas fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional.
La propuesta, que llegó de la mano del diputado panameñista Luis Ernesto Carles, surge luego de que, en su momento, el procurador de la Administración, Rigoberto González, señalara que el país carece de normas jurídicas que regulen o establezcan un techo al monto de la dieta que se le paga a cada miembro de una junta directiva de las instituciones públicas, razón por la que cada entidad tiene la potestad de fijar esos pagos.
La iniciativa, presentada la semana pasada y que solo consta de cuatro artículos, establece que los ministros y viceministros de Estado, diputados, directores, gerentes o jefes de instituciones estatales, autónomas o semiautónomas, o cualquier servidor público que forme parte de juntas directivas, no devengarán salario adicional, gasto de representación, dieta o emolumento alguno por ejercer la función de miembro o director de alguna junta directiva.
Este proyecto, que fue enviado a la Comisión de Presupuesto, entidad que en los próximos meses debe discutir el presupuesto de la nación, es extensivo para las directivas de las empresas estatales mixtas, en las que el Estado panameño posea más del 50% de las acciones; bancos estatales y direcciones autónomas y semiautónomas que, por legislación, cuenten con junta directiva.
El documento también indica que será el Órgano Ejecutivo el que deberá regular dicha norma, de ser aprobada y sancionada por el Presidente de la República.
A juicio del diputado Carles, esta eliminación de emolumentos ayudaría a la transparencia en la gestión pública, pues para él la actividad principal de un funcionario es “servir a su país y no beneficiarse de los servicios que generan sus propias funciones o aquellas en las que el Órgano Ejecutivo delega la confianza para que, en el caso de algunos, este sea designado como representante de todos los panameños en las juntas directivas de estas instituciones”.
Génesis
El año pasado, en medio del debate ciudadano que se originó por el nombramiento de funcionarios con altos salarios en dos y tres juntas directivas, el abogado Ernesto Cedeño solicitó al procurador de la Administración, Rigoberto González, pronunciarse sobre el cobro de dietas de funcionarios en juntas directivas de instituciones de gobierno y la cantidad de veces que podrían ser designados en juntas directivas.
Para ese entonces, el gobierno había nombrado a Nadia Del Río, secretaria ejecutiva de la Presidencia de la República (con un salario de $6 mil mensuales), y quien, además, recibe emolumentos por $6 mil, como directiva de Panamá Pacífico, el Registro Público y la junta directiva del Banco Hipotecario.
En ese escenario, Cedeño alegó que durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) Tocumen, S.A. pagó $1,000 en dietas a cada miembro de su junta directiva. Mientras que Etesa, Egesa, el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, $750. Esto, a su juicio, violaba el artículo 295 de la Ley de Presupuesto de 2020, que establecía el pago de dietas por $500, por lo que pagar más de esa cifra sería una “violación flagrante” de la norma.
Sin embargo, el procurador González indicó que no existen disposiciones legales que prohíban o impongan límites al Órgano Ejecutivo para designar a un funcionario como director en varias juntas directivas.
Asimismo, determinó que tampoco hay normas jurídicas que regulen o establezcan un techo al monto de la dieta que se le paga a cada miembro de junta directiva de instituciones públicas.
“Ha quedado al arbitrio de cada ley orgánica de las entidades respectivas su regulación; situación que ha producido disparidad en la regulación de las mismas, no solo en cuanto a la forma en que son elegidos estos miembros y los criterios en base a los cuales se le elige y determina el monto a pagar en concepto de dietas”, explicó en su momento el procurador de la Administración.
