Las prioridades de la nueva fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, serán optimizar los recursos investigativos y humanos, una mayor comunicación con las fiscalías anticorrupción y promover el sistema de oralidad, como se hace en las otras esferas judiciales.
El pasado 23 de abril Hormechea asumió las riendas de la Fiscalía de Cuentas por los próximos cinco años en reemplazo de Guido Rodríguez, a quien ya se le había vencido su período desde finales de junio de 2019.
Una figura necesaria
La nueva fiscal es partidaria de una reforma legal que incluya en la legislación panameña la figura de la extinción de dominio -cuando el estado le quita bienes mal habidos a una persona- a fin de que no solo se le pueda hacer alcances a funcionarios de manejo, sino a todos los ciudadanos que puedan haberse enriquecido de forma ilícita.
Hormechea, en entrevista con este diario, detalló que uno de sus enfoques será una óptima utilización de los recursos para la investigación de los reparos que presenta la Contraloría General de la República. Esta fiscalía tiene un presupuesto de unos 3 millones de dólares y poco más de 100 funcionarios.
También se propone mantener una comunicación más fluida con los funcionarios del Ministerio Público, particularmente los fiscales anticorrupción.
Por ejemplo, dijo que muchas veces ambas instituciones piden la misma documentación a diversas instituciones del Estado y lo mejor sería que se compartan esa información.
“Tiene que permitirse la información cruzada que tienen que generar ambas fiscalías. El eje central es el mismo: la afectación patrimonial de los bienes del Estado”, dijo.
“Están haciendo lo mismo y buscando la misma información y, al final, se hace un doble esfuerzo cuando se puede hacer un trabajo mancomunado entre ambas instituciones para la recuperación de los bienes y ponerlos a buen recaudo”, amplió.
La nueva fiscal indicó que el tercer objetivo en su administración es la necesidad de una modernización de la justicia de cuentas, ya que esta se quedó en el sistema inquisitivo mixto y habría que adoptar una mayor oralidad, como en el sistema penal acusatorio.
Además, plantea que la jurisdicción de cuentas, encargada de investigar y juzgar a los servidores públicos y particulares por casos de lesión patrimonial al Estado, tiene otro problema: muchas veces, según Hormechea, el Tribunal de Cuentas hace ampliaciones de investigaciones arrogándose funciones de la fiscalía. “Se mete en el rol de la investigación cuando el papel de ellos es juzgar”, señala.