Exclusivo
ETA

Y, ¿los millones de la emergencia ambiental?

Se desconocen los nombres de las 15 empresas constructoras a cargo de las 133 zonas críticas, trabajos que costarán al menos $45 millones.

Y, ¿los millones de la emergencia ambiental?
El coletazo del huracán ETA, que llegó a Panamá entre el 2 y el 5 de noviembre pasado, provocó destrucción, principalmente en poblados de Chiriquí. Alexander Arosemena

Pese a que el Ejecutivo asignó $100 millones para atender las necesidades de la emergencia ambiental suscitada por el coletazo del huracán ETA en diferentes áreas del país, hasta ahora es poco lo que se sabe del uso de esos recursos.

+info

Gabinete decreta ‘estado de emergencia ambiental’; reubicarán a familias en riesgo

Solo se ha dado a conocer el detalle de 11 contrataciones menores, que no llegan al 1% de los $100 millones en referencia.

Por ejemplo, se desconocen cuáles son las constructoras a cargo de rehabilitar los 133 puntos críticos producto de las lluvias de los primeros días de noviembre.

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, dijo recientemente que destinarían $45 millones para esos proyectos y prometió que publicarían los detalles de las contrataciones en Panamá Compra. Sin embargo, hasta ayer esa información no estaba disponible.

El Ejecutivo declaró estado de emergencia en siete provincias del país y una comarca el pasado 7 de noviembre. Lo hizo a través de una resolución que dio luz verde a las distintas entidades para que contrataran bienes y servicios, y desarrollaran obras a través del “procedimiento especial”, figura que flexibiliza los procesos de contratación.

Rendición de cuentas, otra víctima de ETA

Un mes después de que la fuerza del huracán ETA provocara una de las mayores tragedias ambientales que ha vivido el país, fenómeno que azotó principalmente a comunidades de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, la rendición de cuentas sobre los fondos asignados para la emergencia camina a paso lento.

En el portal de contrataciones del Estado sólo figura el registro de 11 compras de dos instituciones: el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

LEY

El artículo 85 de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, reformada por la Ley 153 de 2020, establece que cuando el Consejo de Gabinete declare emergencia, las entidades podrán contratar la adquisición de bienes, servicios y obras a través del procedimiento especial. Se deberá indicar la suma total de la contratación y el periodo en que se realizará. Cuando termine la emergencia, deberán presentar un informe detallado al gabinete y será publicado en Panamá Compra.

Se trata de transacciones menores, salvo una que sobrepasa $132 mil. La mayoría de las siete operaciones del Mingob fueron destinadas a la adquisición de equipos para el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que tuvo un papel vital en el rescate de las víctimas de las inundaciones. Generadores eléctricos, motosierras, podadoras, teléfonos satelitales, catres militares, bombas de succión, mangueras y cuatrimotos, entre otros, se describen en las órdenes de compras.

La contratación más elevada, como ya se dijo, fue por $132 mil 91 y fue para adquirir arneses, camillas y elevadores de rescate a la empresa Rocayol Safety & Industrial Center S.A.

El Mides registró 4 transacciones. Compró colchonetas en $67 mil; comidas en $12 mil 600; alquiló baños portátiles en $15 mil 281, y adquirió prendas de vestir en $10 mil 293.

En total, de acuerdo con los documentos publicados, el Gobierno de Laurentino Nito Cortizo ha gastado $579 mil 833 en la emergencia. Eso es apenas el 0.58% de los $100 millones que destinó el Ejecutivo para los embates de la tragedia.

No hay registro de lo usado en reparación de carreteras y caminos, tarea a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Y, ¿los millones?

El pasado 24 de noviembre el titular del MOP, Rafael Sabonge, informó que el costo de la reparación de las 133 zonas críticas que dejaron las lluvias de los primeros días de noviembre ronda los $45 millones. También adelantó que trabajaban con 15 constructoras, pero que ese número podría aumentar.

La primera fase de los trabajos, explicó, está enfocada en la apertura de las vías para facilitar la comunicación de los poblados y para esas operaciones se destinaron $25 millones. Mientras, la segunda fase es para estabilizar “taludes que quedaron inestables” y reforzar otras infraestructuras, con una inversión de $20 millones. según precisó.

“El tema de la transparencia es importante y al asegurarnos que haya una mayor cantidad de empresas participando, también nos aseguraremos que los precios sean cónsonos con los valores del mercado y, además, todo esto se publicará en Panamá Compras, de acuerdo con la nueva ley de contrataciones públicas”, prometió Sabonge.

Hasta las 6:00 p.m. de ayer no se había publicado esa información, por lo que se desconoce qué empresas fueron contratadas y cuánto se les pagará.

El Consejo de Gabinete, mediante Resolución 85 del pasado 7 de noviembre, decretó emergencia nacional por los estragos de las lluvias en 7 provincias y 1 comarca. Ese documento le dio vía libre a las instituciones para hacer contrataciones a través del “procedimiento especial”. Es decir, no necesitan un proceso de licitación para adquirir bienes, servicios o poner obras en marcha.

La resolución también autorizó al Ministerio de la Presidencia, bajo el mando de José Gabriel Carrizo, para coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas “las acciones necesarias” para la emergencia.



LAS MÁS LEÍDAS

  • PASE-U 2026: detalles del primer pago y nuevo sistema digital de entrega de fondos. Leer más
  • Nueva presidenta de Costa Rica presiona para levantar bloqueo a productos ticos en Panamá. Leer más
  • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
  • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
  • Meduca asegura que nunca ha presentado a Jaime Castillo como asesor legal tras críticas. Leer más
  • Tribunal ratifica decisión de no imponer medidas cautelares a imputados por presunto peculado en el Ifarhu. Leer más
  • Funcionarios, transportistas y trabajadores portuarios, entre los aprehendidos por contaminación de contenedores. Leer más