La disponibilidad de algunos alimentos en el país bajó en los últimos 10 años, aunque muchos de esos productos con frecuencia forman parte de la dieta del panameño.
De esto da cuenta un informe estadístico, publicado recientemente por la Contraloría General de la República sobre el comportamiento, entre 2006 y 2015, de la disponibilidad anual de ciertos productos alimenticios por persona en Panamá.
Por ejemplo, el documento dice que en 2006 había en Panamá un promedio de 4.8 kilogramos de yuca por habitante, sin embargo, esa disponibilidad pasó en 2015 a 2.4 kilogramos por habitante, lo que representa una reducción del 50%.
En otros alimentos, como el ñame, la variación porcentual fue de 47% menos, ya que en 2006 la disponibilidad promedio por persona era de 6.0 kilogramos y en 2015 bajó a 3.2 kilogramos.
Mientras que la disponibilidad de algunas legumbres, como el chayote y el ají pimiento, tuvieron un bajón en estos 10 años del 61% y del 29%, respectivamente.
Otros productos
En cuanto a las frutas, resalta la variación porcentual de la sandía, de menos 70%.
Por otro lado, llama la atención la reducción en la disponibilidad de pescado, de menos 63% entre 2006 y 2015, así como la de la leche fresca entera en ese mismo periodo, de menos 82%.
¿Cuáles son las causas de la variación drástica a la baja en algunos alimentos y sus consecuencias en el país?
El exministro de Desarrollo Agropecuario Guillermo Salazar argumentó que la disponibilidad menor de varios alimentos tiene que ver con varios factores, como el crecimiento de la población, que conlleva una mayor demanda de alimentos, y también por los problemas que afrontan los productores nacionales, entre estos, la falta de financiamiento y daños a su producción por los efectos del cambio climático: exceso de lluvias o sequías.
“Usted no va a encontrar en ningún banco un préstamo para un productor de yuca, ñame o chayote”, dijo el exministro, quien detalló que los préstamos para producir arroz o maíz son más atractivos en la actividad bancaria de Panamá.
Salazar calificó los resultados del informe como un “retroceso” en el crecimiento de la producción de esos alimentos, ya que una buena parte de la población los consume. “En 2011 hubo una contracción muy fuerte de la producción nacional, a tal punto que alcanzó los niveles del año 2001. Es decir, retrocedimos 10 años en este tema ”, aportó.
Sobre las consecuencias, mencionó que para los consumidores, por no haber suficiente oferta, los precios siempre tienden a subir.
Los consumidores
Además de todo lo que mencionó Salazar, para Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, hay un problema de soberanía alimentaria, porque el país no produce lo que su gente consume.
“Cada vez más dependemos de las importaciones y tendemos a cambiar nuestros hábitos de consumo. En lugar de comprar más de lo nuestro, vamos al supermercado y compramos la lata traída del exterior”, subrayó.
Según Acosta, una naranja importada en el supermercado puede costar unos 0.80 centésimos, cuando la nacional se pierde.
También recordó que la libra de yuca hace pocos años costaba 0.15 centésimos y ahora triplica ese precio.
Frente a esto, Acosta se refirió a la Ley No. 628, que busca garantizar la seguridad alimentaria a la población y que fue aprobada en abril de 2018. Actualmente, el documento está a la espera del visto bueno por parte del presidente de la República, Juan Carlos Varela.
En la normativa se establece un marco legal para la promoción, comercialización y exportación de los productos agrícolas, además del financiamiento e inversión que deben ser tipificados como una política de Estado.
Además, esta legislación deberá ser revisada cada ocho años por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tomando en cuenta los cambios que sufre el sector agropecuario en materia de nuevas técnicas y tecnología de cultivo.
“Creo que esta es una buena forma de recuperar lo que hemos perdido en producción nacional de alimentos”, dijo Acosta, que participó en la discusión de ley.
De hecho, durante ese debate se utilizaron algunos datos estadísticos, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como de la Contraloría, que retratan la situación actual en pobreza, alimentación y producción agrícola.
Entre otros resultados inherentes a la seguridad alimentaria, resalta que el 9% de la población está mal alimentada, que el 19% de los niños indígenas sufre de desnutrición, y que el 33% de los niños menores de cinco años padece anemia. Asimismo, que unas 400 mil personas tienen ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
A su vez, en el debate se dio a conocer que el monto del crédito agropecuario decreció 8% en los últimos 5 años; y que el acceso a la tecnología solo llega a menos del 3% del total de productores, lo que ha impactado en la depresión paulatina y progresiva del agro.
La producción rural
El análisis más reciente sobre la situación alimentaria del país está contenido en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2017-2021, presentado por el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
De hecho, el director de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaría y Nutricional, Franklin Corro, manifestó que si se sigue al pie de la letra lo que establece este plan, se cumplirá con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es reducir a menos del 5% la población con hambre.
Conforme a Corro, es en las áreas indígenas y rurales donde se debe potenciar esa producción de alimentos, ya que allí también están los máximos niveles de pobreza. “Hay una población nueva de productores jóvenes que venimos levantando con esta administración. Pero también es un hecho que la población de productores ha venido envejeciendo mientras que la demanda de alimentos aumenta”, dijo.
Algunos datos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional dan cuenta de que la población rural, que concentra a los productores, representa cerca del 37% de la población total del país, es decir, un millón 425 mil personas viven en el sector rural y más de 192 mil en las áreas indígenas.
Además, en este sector existen 248 mil 560 explotaciones agropecuarias, de las cuales 201 mil 270 son de menos de 10 hectáreas.
Para Corro se trata de una población extendida y dinámica que puede aportar a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico.
“Sin duda alguna, Panamá ha venido decreciendo en su producción de alimentos desde hace dos o tres décadas. También se ha convertido en un país importador, pero hemos aumentado la producción de algunos alimentos, como el arroz, gracias a las políticas de este gobierno”, añadió.
En ese sentido, el informe de la Contraloría indicó que entre 2006 y 2015 la disponibilidad del kilogramo de arroz por habitante aumentó 9%. Otros alimentos que tuvieron balance positivo en los 10 años fueron las carnes, plátano, guandú y las pastas.