Los datos fueron revelados por el jefe de policía, Charlie Beck, junto con el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, en el este de Los Ángeles, el corazón latino de la ciudad. Desde enero, la población hispana de la ciudad (más del 48%) ha denunciado el 25% de violaciones y el 10% menos de casos de violencia doméstica, comparado con el mismo período del año anterior. Los delitos no han bajado en esas magnitudes y además esa reducción no se ha visto en otras etnias de la ciudad.
“Aunque no hay pruebas de que esta bajada (de las denuncias) esté relacionada con la preocupación en la comunidad hispana sobre inmigración, el Departamento cree que el temor a la deportación puede estar haciendo que los hispanos se cuiden de denunciar cuando son víctimas”, dijo el jefe Beck. No acusó directamente a Trump de estar atemorizando a sus vecinos, pero no hizo falta.
“Estas políticas están haciendo nuestras ciudades menos seguras”, dijo el alcalde Eric Garcetti, en uno de los cuatro eventos sobre inmigración que organizó el martes, en un maratón que evidencia el estado de alerta en el que se encuentra la ciudad en este asunto. “Si los testigos no hablan porque tienen miedo, si un padre no lleva a su hija al colegio porque teme que le detengan es algo que erosiona a toda la ciudad, nos hace menos seguros. Podemos ver subir las cifras de crímenes y que la gente vuelva a vivir ocultándose”, dijo Garcetti a El País a la salida de uno de estos eventos.
En Los Ángeles se calcula que viven más de 800 mil inmigrantes indocumentados y el 38% de la población es extranjera. La política de que la policía no colabore con inmigración en Los Ángeles data de una orden de 1979. Durante décadas la han mantenido administraciones demócratas y republicanas desde que se hizo evidente que si la población latina (el 50% de la ciudad) tenía miedo de la policía no había manera de desarrollar una política de seguridad.
La nueva orden municipal dictada por el alcalde el martes amplía esta política al departamento de bomberos, a las policías del puerto y del aeropuerto. Además asegura la confidencialidad de los datos proporcionados para acceder a servicios municipales.
La acción ejecutiva municipal tiene algo de simbólico, pero se produce en un momento en que los símbolos son importantes. Precisamente este martes, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, acusó directamente a las ciudades que no colaboran con inmigración, las llamadas ciudades santuario, de ser una amenaza para la seguridad pública. La administración Trump basa su agresividad contra los indocumentados, una población de 11 millones de personas, en presentarlos como criminales descontrolados. Movimientos como el del martes en Los Ángeles tienen como objetivo dar a conocer la realidad contraria, que la agresividad en las detenciones y deportaciones lleva a millones de personas a esconderse y estrangula la acción policial en las grandes ciudades.