[DERECHOS, EN SEGUNDO PLANO]

Atroz, aunque predecible, decisión de Trump

Las constantes en la política exterior de EU han sido la seguridad nacional y la defensa de sus intereses. El esfuerzo por vincularla a los derechos humanos ha sido inconsistente.

Atroz, aunque predecible, decisión de Trump
Atroz, aunque predecible, decisión de Trump

Pensar que alguien que admira a Vladimir Putin, Abdel Fattah al-Sisi, Recep Tayyip Erdogan, Rodrigo Duterte y Steve Bannon va a formular una política exterior en la que los derechos humanos jueguen un papel preponderante es un disparate. En este sentido, el anuncio del secretario de Estado Rex Tillerson de que en la política exterior de Estados Unidos (EU) los objetivos de seguridad nacional no estarán condicionados por la defensa de los derechos humanos es apenas un desenlace deplorable, pero no sorpresivo.

Por más desafortunada que sea la decisión, no es sino una cruda reiteración de los vaivenes de la política exterior estadounidense en la que la seguridad nacional y la defensa de los intereses del país en el extranjero han sido los dos pilares fundamentales de la política exterior de EU. Las variantes, adiciones o sustracciones a la doctrina central que se han dado a través de los años han sido temporales e inconstantes.

Desde su fundación como nación, los derechos humanos fueron una abstracción que si acaso servía para justificar los privilegios de los inmigrantes europeos blancos que lo habitaban. Hacia el exterior, la Doctrina Monroe no solo no pregonaba la defensa de los derechos humanos, sino que proclamaba como suyo el “derecho” a usar fuerza militar por todo el hemisferio para defender los intereses estadounidenses.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, la asistencia económica, política y militar a países de Europa sirvió no solo para su reconstrucción, sino para contener el avance del comunismo, pero, otra vez, los derechos humanos no entraron en la conversación. En 1948, Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por EU gracias al apoyo incondicional de la señora Eleanor Roosevelt, pero que perdió impulso en la presidencia de Dwight D. Eisenhower. A sus personeros en el Congreso les pareció que un decreto internacional atentaba contra “los derechos que Dios les había otorgado a los estadounidenses”.

Un cambio radical sucedió en 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles que garantizaba la igualdad del voto, prohibía la segregación y la discriminación en las escuelas y en los lugares públicos por motivos de raza, género o etnicidad. Leyes que alentaron la creación de organizaciones no gubernamentales como la ACLU o Human Rights Watch, que se dedicaron a la defensa de los derechos civiles.

El presidente Jimmy Carter hizo lo que pudo para darles vigencia, pero el esfuerzo se diluyó con Ronald Reagan y el resurgimiento del fervor anticomunista de la década de 1950. Los derechos humanos volvieron a desaparecer del mapa mundial, salvo cuando se trataba de condenar los abusos a los ciudadanos en la Unión Soviética, pero no cuando el apartheid sudafricano sostenía la supremacía de un puñado de blancos sobre la inmensa mayoría negra. De ahí en adelante, la política exterior estadounidense ha seguido a tumbos, a veces con aciertos morales y a veces con errores u omisiones imperdonables.

Hoy que el mundo ha cambiado y la influencia de EU sobre China, Rusia, India o Irán se ha desvanecido, el futuro de la defensa de los derechos humanos se ha hecho más que incierto. Además del cambio en la geopolítica, la guerra contra el terrorismo también ha contribuido notablemente al aumento de las violaciones a los derechos humanos, y a menudo con la complicidad implícita o explícita de EU al excusar abusos de países autocráticos en su combate al terrorismo.

Hay además otros problemas de origen que le dificultan a EU ejercer su papel de defensor de los derechos humanos: el encarcelamiento indefinido sin juicio y sin derecho a representación de personas confinadas en Guantánamo, el uso de la “guerra preventiva” contra un enemigo imaginado y, sobre todo, la enorme paradoja de presentarse como el defensor de los derechos humanos, apelando a normas establecidas por organismos internacionales cuya legitimidad no admite el propio Gobierno estadounidense. Una actitud arrogante que se fundamenta en la afirmación de su excepcionalidad, es decir, como soy el país más poderoso del mundo hago lo que quiero, cuando quiero, y que hoy tiene en Trump a su mayor representante.


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