Hombres encapuchados detuvieron a María Gómez y su pareja el mes pasado cuando iban por un camino de tierra por los Andes colombianos occidentales. Pertenecían a un cartel de la droga. La pareja de exguerrilleros disfrutaba de sus primeras semanas de vida civil después de entregar sus armas a Naciones Unidas. Compraron una moto con el dinero que les dio el Gobierno después de desarmarse y estaban visitando familiares que no habían visto durante los años de lucha.
“Les dijimos que éramos personas normales, y nos dijeron, no mientan, sabemos que son guerrilleros”, dijo Gómez. “Dijeron que podíamos trabajar con ellos, ya que teníamos un conocimiento muy valioso”.
Ahora que el nuevo partido político formado por excombatientes conforme el acuerdo de paz de 2016 se prepara para sus primeras elecciones el año próximo, los traficantes de cocaína están consolidando su dominio en el interior rural.
La ofensiva de reclutamiento de los carteles se ve ayudada por la torpeza del Gobierno en sus esfuerzos por reinsertar a 6 mil exguerrilleros a la vida civil. Así como Gómez rechazó la propuesta, dice que varios excamaradas han tenido menos escrúpulos y han vuelto a la selva.
Colombia sigue estando muy lejos de una verdadera paz. El caos posterior al conflicto constituye una amenaza que pesa sobre las elecciones de 2018, impulsando potencialmente a quienes se opusieron al acuerdo de paz, como los aliados del expresidente Álvaro Uribe.
El profesor Peter Ortiz está a la vanguardia de los esfuerzos gubernamentales destinados a reinsertar a los guerrilleros. Las cosas no marchan tan bien. Una mañana de lunes estaba ante un aula vacía cerca de Santa Lucía. Ninguno de los excombatientes que esperaba se presentó para un curso de matemática, ciencia y lenguaje.
“Estamos en plena cosecha del café. Prefieren ir a recolectar café o hacer changas”, dijo Ortiz. El aula está en un antiguo escondite de la guerrilla en un desfiladero cuyas pendientes están sembradas de minas terrestres caseras. El campamento nunca fue terminado y 40% de sus más de 250 exintegrantes de una unidad de las FARC lo abandonaron en las últimas semanas. Los que aún están —en su mayoría no tienen dónde ir— están probando distintas formas de complementar los cerca de $220 mensuales que les da el Gobierno, el equivalente de un 90% del salario mínimo.