En lugar de liberar a los presos políticos, convocar elecciones presidenciales y dar así una salida democrática a la crisis institucional que vive Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha decidido dinamitar el orden constitucional de su país. Fracasado su empeño en despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, Maduro quiere ahora dotarse de una legalidad a su medida en la que no quepa ninguna oposición a su régimen.
Con su amenaza de ruptura definitiva con el orden constitucional vigente, Maduro coloca a Venezuela ante la disyuntiva más dramática de las últimas décadas. Usando su habitual lenguaje incendiario, el mandatario venezolano plantea a los ciudadanos que la alternativa a sus planes es la confrontación. Su apelación –criticada incluso desde el chavismo– a entes sin fundamento jurídico alguno como “los poderes originarios” y la delirante definición de un proyecto constituyente en el que participarían 500 “representantes de la comunidad” que nadie sabe cómo se elegirían (aunque sí a quién servirían) dibujan a un presidente decidido a convertir a su país en una dictadura con él al frente.
La soberanía popular de Venezuela está representada de forma legítima por la Asamblea Nacional, elegida democráticamente en diciembre de 2015 y en la que la oposición tiene una mayoría incontestable. Maduro ha tratado por todos los medios –legales e ilegales– de privarla de su derecho y obligación de legislar. Su mandato no puede ser anulado con el pretexto de convocar un proceso constituyente. Y la Constitución venezolana –impulsada por el propio Hugo Chávez– no puede ser anulada por la mera voluntad de un gobernante acorralado, incapaz de lidiar con la crisis económica y sin ningún diálogo con la oposición.
Durante más de un año, Maduro ha dejado escapar oportunidades que no solo hubieran supuesto una buena solución para Venezuela, sino que incluso le hubieran permitido salir airoso de la situación. Ha despreciado los llamamientos, intermediaciones y buenos oficios de personalidades, organizaciones y Estados que se han ofrecido a colaborar en la consecución de un acuerdo con esa mayoría de venezolanos a los que él pretende dejar al margen de la ley. Incluso ha despreciado e ignorado la tremenda penuria de su pueblo mediante el recurso a inconsistentes promesas imposibles de cumplir.
Ni la comunidad latinoamericana ni la europea pueden consentir que Maduro y sus colaboradores acaben con la Constitución, la Asamblea y, por tanto, con la democracia y las libertades de los venezolanos. Tanto la OEA como la Unión Europea deberían advertir al régimen venezolano de las serias consecuencias (incluyendo la posibilidad de imponer sanciones, como la prohibición de viajar y la congelación de activos en el extranjero) a las que se exponen sus dirigentes si deciden seguir por ese camino. Y España, como puente y representante de los valores democráticos que hermanan a ambos continentes, debería implicarse a fondo en la supervivencia de la democracia en Venezuela.