Es usual definir un sistema democrático a partir de la elección del gobierno por la vía de los votos de los ciudadanos. Así lo justifican. Adolfo Hitler fue elegido “democráticamente” por la vía de los votos. El dictador dominicano Rafael Trujillo hacía elecciones “democráticas” cada cuatro años. Y es que las elecciones son el primer requisito del sistema y ese requisito se cumple con el ejercicio del imperio de la ley y la separación de poderes.
¿Es Venezuela un país en democracia? En días recientes se celebró, una vez más, la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Cancún, México, para buscar una resolución en relación a la crisis de Venezuela. La propuesta, que pedía reconsiderar la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela (la nueva Constitución de Nicolás Maduro) y respetar los derechos humanos, fracasó al no alcanzar los 23 votos necesarios para su aprobación. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, antes de abandonar el salón como protesta, afirmó: “nosotros no reconocemos esta reunión, como tampoco reconocemos el resultado que de ella devenga, lo que de aquí salga, Venezuela no lo va a avalar”.
A la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se le ha ocurrido rechazar el proceso de la reforma a la Constitución de Maduro y presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar otra Constitución. Los nuevos representantes que serían seleccionados para reformularla no están contemplados en la ley constitucional vigente.
Al mismo tiempo la fiscal le abrió un proceso al general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en las protestas que han dejado más de 90 muertos. La respuesta de Nicolás Maduro ha sido condecorar a González como héroe de la patria y premiarlo con un ascenso.
El Tribunal Supremo de Justicia, además de rechazar el recurso de la fiscal Luisa Ortega, le ha prohibido la salida del país y sus cuentas bancarias, bienes y propiedades han sido congelados. La fiscal ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protección de todos los empleados del Ministerio Publico.
De acuerdo con la legislación vigente, es la Asamblea Nacional la que puede remover a la fiscal, pero resulta que la Asamblea está en “desacato” y sus actos son considerados nulos.
El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidente Tareck El Aissami, acusa a la fiscal de dirigir un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras Maduro dice: “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iremos al combate, nosotros jamás nos rendiremos y lo que no se puede con los votos, lo haríamos con las armas”.
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