La líder social y política Milagro Sala volvió al arresto domiciliario por un dictamen de un juez tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó su agrupación Túpac Amaru.
En detención desde enero de 2016, Sala enfrenta causas en la justicia por amenazas y presunta malversación de fondos que recibió su organización Túpac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.
El juez de la provincia de Jujuy Pablo Pullen Llermanos dispuso el arresto domiciliario de la dirigente indigenista y diputada del Mercosur, al vencerse el viernes pasado el plazo para resolver sobre un dictamen de la Corte Suprema de Justicia. El 6 de diciembre, la Corte argentina había ordenado el arresto domiciliario de Sala en cumplimiento de un fallo de la Corte IDH, pero convalidó su prisión preventiva al rechazar que esta fuera arbitraria.
El alto tribunal convalidó la decisión de mantenerla bajo arresto “por existir riesgo de obstaculización del proceso” en el que se le imputan delitos de asociación ilícita, fraude y extorsión, según el fallo.
Sala fue trasladada el viernes del penal de Alto Comedero en Jujuy (mil 900 km al norte) a una casa que no es su hogar, la misma donde cumplió ya un mes de arresto domiciliario en agosto, informó una fuente de Túpac Amaru.
Allí estará custodiada por la Gendarmería (policía militarizada), con obligación de llevar una tobillera electrónica y restricciones en las visitas.
La defensa de Sala acusó al juez Pullen Llermanos de “disponer de manera ilegal una prisión sui géneris” para la dirigente, pese a que la Corte IDH exigió al Estado argentino que la nueva prisión domiciliaria se lleve a cabo “en su residencia o lugar donde habitualmente vive”.
La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado su liberación al considerar arbitrario su arresto, decidido por la justicia provincial de Jujuy, donde está enfrentada con el gobernador local, Gerardo Morales.