Cada día fallecen en España 90 personas dependientes sin recibir la prestación o el servicio al que tenían derecho. Este es uno de los datos más significativos del XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Hace más de 10 años que el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprobó la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia. Una norma que buscaba completar el cuarto y último pilar del Estado del bienestar junto con la educación, la sanidad y las pensiones públicas. Por desgracia, la crisis financiera de 2008 y las posteriores políticas de austeridad se han llevado por delante buena parte del presupuesto destinado a esta ambiciosa ley.
Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, más de 1.2 millones de personas en España tienen el derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio por su situación de dependencia. No obstante, alrededor de un tercio de estas personas aún no perciben dicha ayuda, aun cuando les corresponde de pleno derecho a ellos y a sus familias, que sostienen la carga de sus cuidados con amor y dignidad a partes iguales.
En los últimos presupuestos generales del Estado, la partida de Dependencia aumentó en 100 millones de euros (108 millones de dólares), muy lejos de la cifra pactada en el acuerdo de investidura que llevó a Mariano Rajoy a ocupar de nuevo el Palacio de la Moncloa. Para la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, este incremento es “una ofensa” ya que el recorte acumulado desde 2011 ha sido superior a los 3 mil 268 millones de dólares.
A los sucesivos recortes presupuestarios ejecutados en España se unen distintas medidas complementarias que han quebrado el sistema de protección social. Una de las decisiones más controvertidas y que menos repercusión mediática ha tenido se produjo a mediados de 2012. Hasta esa fecha, el Estado asumía el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales. No obstante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy obligó a estas personas a pagar dichas cuotas si querían continuar con su cotización.
Desde entonces, el 94% de los cuidadores no profesionales –unos 160 mil– ha dejado de cotizar a la Seguridad Social. La mayoría suele ser mujeres de en torno a los 50 años, que o bien apenas han cotizado o bien han dejado su empleo para cuidar de un familiar. Con los cambios legislativos, al llegar a la edad de jubilación estas personas no tendrán derecho a una pensión digna.
Por otra parte, el gobierno del Partido Popular esperó tres años para completar el desarrollo de la Ley de Dependencia, al incorporar en 2015 a los dependientes moderados dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Cientos de miles de familias luchan a diario para disfrutar de una prestación que les pertenece y que se les ha negado durante largos e intensos años.
En este contexto, las Comunidades Autónomas han asumido la mayor parte del presupuesto que se destina a Dependencia, pese a que la ley exige al Estado la financiación del 50%. Sin embargo, en la actualidad solo abona el 18% del total, mientras que las Comunidades Autónomas aportan el 82%, según datos del Observatorio de la Dependencia.
Este desfase genera importantes diferencias en la gestión de las prestaciones, que dependen en su gran mayoría del presupuesto que destinen los organismos autonómicos a esta partida. Mientras tanto, las personas en situación de dependencia y sus familias sufren las complicaciones de un sistema de prestaciones que se ha esfumado entre recortes, trabas burocráticas y conflictos entre administraciones.