La elección de Emmanuel Macron como presidente de Francia refuerza el debate, siempre latente, de cuál es la política económica más adecuada para la eurozona y las reformas que son necesarias para avanzar en la idea de una economía común o, por lo menos, articulada.
Las propuestas de Macron apuestan por reformar y ampliar los estrechos límites de la ortodoxia del ajuste y el control del déficit a cualquier costa: un presupuesto común con un ministro de Finanzas también común, un cambio en las reglas del ajuste fiscal, elaborar un plan de inversiones para la zona y persuadir (otra intención no cabe) de que los superávits comercial y fiscal son un factor de desigualdad y debilidad para el conjunto de la economía europea.
La respuesta alemana ha sido gélida; que cada país aplique las reformas internas que crea conveniente. La posición política de Alemania, propugnada por Wolfgang Schäuble con el Bundesbank y el apoyo político de Ángela Merkel, es sencilla: solo es inviolable la regla de la contención del déficit y la reducción de la deuda para los países en situación de inestabilidad financiera. Berlín actúa como el guardián de las esencias sin compromiso real con la economía común.
La economía europea, incluso en el caso de los países que están creciendo más, necesita reformas urgentes y una nueva estructura política. Como demuestran las previsiones de la comisión, el crecimiento económico del conjunto del área es insuficiente (con suerte alcanzará el 2% en 2019), el paro todavía es muy elevado y persisten los problemas de deuda en los países más afectados por la crisis.
La política inmisericorde de ajustes (abrazada con entusiasmo por algunos gobiernos, todo hay que decirlo) es la causa de las dificultades de crecimiento armónico e impide, al esterilizar la generación de riqueza para el conjunto social, reducir la deuda de forma significativa.
Macron acierta al insistir en que se revisen algunos de los criterios sagrados de la política económica de Bruselas; la austeridad –pensada para que los países del Norte se salven de una contribución que consideran excesiva– es un freno para el crecimiento mundial.
No es viable un área monetaria sin un criterio económico común, por básico que sea; ni tampoco un crecimiento ordenado si el país central acumula superávit comercial y fiscal a costa de los flujos comerciales y financieros de los países del sur. Francia, por la cuenta que le trae, lo ha recordado. Además, España se ha sumado al ánimo reformista con las propuestas de economía para refundar el euro; propuestas que tienen más de un punto de contacto con las de Macron. La transferencia de una parte de la soberanía fiscal y eliminar los obstáculos a la movilidad laboral deben ser preocupaciones prioritarias.
La consecuencia debería estar bien clara: la economía del euro, prácticamente estancada, exige ya un pacto para limitar el superávit alemán, un acuerdo político para agilizar un plan de inversiones conjunto –el empleo juvenil lo agradecerá– y relajar las exigencias fiscales en los países que ya han sufrido las penas de los ajustes. La siguiente fase, que políticamente hoy es de imposible planteamiento, es financiar la inversión europea en los países con mayor desempleo mediante eurobonos.