Resulta difícil entender lo que está sucediendo con el sí-es no-es del brexit sin recurrir a la estupidez de algunos políticos —Cameron—, a su ambición —Farage— o a su incompetencia —May, Corbyn. Pero pese al disparate en el que se ha convertido la política del Reino Unido en estos días de desconcierto, cabe quitarse el sombrero ante la eficacia y madurez de su principal institución, la del Parlamento de Westminster, verdadero ejemplo de las virtudes de la separación de poderes que, en la época de la Ilustración, definió Montesquieu como la clave misma de la democracia.
Con los plazos agotados, con el Gobierno incapaz de hacer su trabajo y bajo la amenaza de una recesión brutal provocada por el abandono de la Unión Europea sin acuerdo alguno, una moción conjunta de diputados laboristas y conservadores sin cargo alguno y de peso mínimo en sus respectivos partidos logró ser aprobada por la Cámara de los Comunes, enmendada —para bien— por la de los Lores y refrendada por la corona. La nueva ley no garantizaba que se esquivase el desastre, pero ofrecía una fórmula de extensión de los plazos que, hasta entonces, los pesos pesados de los principales partidos británicos habían sido incapaces de alcanzar.
Semejante ejemplo de lo que suponen las instituciones por encima de las personas es impensable en otros países europeos. En España, los éxitos políticos han llegado siempre de la mano de líderes carismáticos como Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo o el José María Aznar de su primera legislatura, pero a cambio de minimizar hasta convertirlo en inútil el papel del Parlamento. Incluso Alfonso Guerra, la mano derecha del presidente González, presumió con motivo del primer mandato socialista en la España democrática de la muerte de Montesquieu, proclamándola como una especie de hito histórico que se había alcanzado. Pero el principal problema de la dependencia de figuras excepcionales es en realidad eso mismo, que suponen una excepción. La llegada de políticos españoles de mucho menor fuste —Anguita, Zapatero, Rajoy, Sánchez, por no hablar de los catalanes, Artur Mas, Puigdemont o Torra— ha supuesto la sucesión de problemas para los que pocas soluciones se intuye. Porque en España no existe una institución parlamentaria sólida que pueda tomar las riendas cuando las cosas se tuercen. Muy al contrario, la muerte de Montesquieu ha llevado a la desaparición del Parlamento como motor del que pueden surgir soluciones alternativas. La obediencia del voto elimina el sentido mismo de los diputados y senadores, convirtiéndolos, todo lo más, en estómagos agradecidos en busca de mantener su escaño.
Si Montesquieu sigue vivo en Londres, pero ha muerto por completo en Madrid, cabe repensar las consecuencias no ya del brexit, sino de la crisis en que anda metida España, con muy escasas esperanzas de que sepa cómo salir de ella. La fragmentación parlamentaria inminente a la que apuntan las encuestas de las elecciones del 28 de este mes convertiría en necesaria una firmeza declarada del poder Legislativo y una sensatez a toda prueba del Ejecutivo. Por desgracia, en la España de hoy no tenemos ninguna de las dos.