El incendio ruso se aviva en torno a Donald Trump. Las investigaciones sobre las supuestas conexiones del equipo del presidente con el Kremlin avanzan más rápido que los cortafuegos lanzados por el republicano. La última llamarada llegó el miércoles cuando The Washington Post destapó que en plena campaña electoral el actual fiscal general, Jeff Sessions, habló dos veces con el embajador ruso, Sergei Kislyak. Una de estas conversaciones se celebró en septiembre en la misma oficina del entonces senador Sessions y coincidiendo con el momento más duro del ciberataque del Kremlin al Partido Demócrata.
El fiscal general está acorralado. La noche del miércoles negó haber tenido contacto con ningún funcionario ruso “para tratar temas de campaña” y circunscribió sus encuentros a sus tareas como miembro del Comité de Servicios Armados. Pero en sus comparecencias en el Senado, cuando luchaba por el puesto, sus respuestas evitaron mencionar las conversaciones. Al ser preguntado sobre qué habría hecho si hubiese tenido conocimiento del vínculo de algún miembro de la campaña de Trump con el Kremlin, respondió: “No soy consciente de ninguna de esas actividades. Fui llamado una vez o dos a trabajar en la campaña, y no he tenido comunicación con los rusos. No tengo capacidad para contestar”.
Ante la torcida respuesta del fiscal general, los demócratas exigieron su recusación inmediata como jefe del Departamento de Justicia e incluso pidieron su renuncia. “Sessions no cumple los requisitos para ser el primer ejecutor de la ley en nuestro país; debe dimitir. Hay que abrir una comisión independiente para investigar las conexiones políticas, personales y financieras de Trump con los rusos”, afirmó la líder demócrata en Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En el mismo sentido se expresó el jefe de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.
El golpe amenaza con ser devastador. Hace tres semanas, una conversación con Kislyak le costó el puesto al consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, hombre de la máxima confianza de Trump y muy próximo ideológicamente al estratega jefe, Steve Bannon. La caída del general, que llegó a ocultar el contenido de su reunión al propio vicepresidente, abrió una crisis que se agudizó al descubrirse a los pocos días que otros miembros del equipo de campaña de Trump habían entrado en un sospechoso juego de contactos con agentes de inteligencia rusos.
La posibilidad, no demostrada, de que el ciberataque ruso se hubiese efectuado con conocimiento del equipo del multimillonario ha abierto las puertas del pánico en la Casa Blanca. Trump lo ha negado con vehemencia y, colérico, ha desatado una guerra sin cuartel contra los medios que lideran las investigaciones, The Washington Post y The New York Times, a quienes ha llegado a acusar de “enemigos del pueblo”.
La gravedad de los hechos y la convicción de los propios servicios de inteligencia estadounidenses de que el Kremlin se empleó a fondo para lograr la derrota de Hillary Clinton han puesto al país ante un escenario inaudito. Cada día son mayores las probabilidades de que el escándalo derive en una explosión incontrolada. El FBI y el Senado han decidido abrir sus investigaciones. Y el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, con acuerdo de republicanos y demócratas, acordó iniciar sus propias pesquisas y centrarlas en el punto neurálgico de la trama: “investigar las acusaciones de colusión rusa con la campaña de Trump”.