El sistema mundial de protección de los refugiados fue creado en 1950, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, para responder a los grandes desplazamientos de gente que se derivaron de la Segunda Guerra Mundial, y para defender los derechos de estos refugiados y apoyar a los países que los acogían. Por desgracia, el número de personas refugiadas y desplazadas se ha ido multiplicando desde entonces y las tendencias actuales de desplazamiento forzado ponen a prueba el sistema internacional en un grado que no tiene precedentes. Las cifras son demoledoras, a finales de 2014, cerca de 60 millones de personas habían sido forzadas a huir de sus casas; 60 millones de mujeres, hombres, niñas y niños, que si conformaran un país sería el 24º más grande del mundo, con una población semejante a la de Reino Unido o Italia. Acnur asiste y protege a 46.7 millones de ellas.
En la actualidad hay más emergencias humanitarias que nunca: Siria, Sudán del Sur, Yemen, República Centroafricana, Burundi… Por ello, hoy es más necesario el fortalecimiento de la solidaridad para hacer frente a los retos globales del desplazamiento forzado. Tanto la responsabilidad de los Estados como la solidaridad internacional son esenciales para que la protección funcione con eficacia y se puedan abordar los problemas crecientes de desplazamiento en el mundo.
Hace falta la ayuda de las principales partes interesadas, en especial la de los Estados, que deben actuar de manera responsable para proteger los derechos de todas las personas que están en sus territorios. Pero también hace falta la solidaridad de la comunidad internacional para apoyar a los Estados de acogida, a la hora de asumir responsabilidades de manera efectiva.
Además, falta la solidaridad de las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y los ciudadanos para mejorar la situación de los refugiados del mundo. Y es aquí donde cabe poner en valor la solidaridad de los ciudadanos españoles en un entorno de grave crisis económica. Los países tradicionalmente donantes en épocas de dificultades tienden a centrarse, comprensiblemente, en el bienestar de sus propias poblaciones, pero los españoles hemos demostrado una vez más que no nos olvidamos de las personas más vulnerables del planeta.
Los retos a los que nos enfrentamos son enormes. Las tendencias sociales y económicas mundiales indican que el desplazamiento seguirá aumentando en la próxima década, adoptando nuevas formas. Los patrones de desplazamiento se verán afectados por el aumento de la población, que pasará de los 7 mil millones de habitantes en 2015 a 10 mil millones en 2100; por la urbanización y el aumento de la migración de zonas rurales a urbanas; por el cambio climático y los desastres naturales; por el encarecimiento de los alimentos y la disminución de la producción agrícola en África y Asia; y por el aumento de los conflictos debido a la escasez de recursos.