A lo largo de 11 años de su segunda época, acumularon tanto poder, que ahora no tienen a quién echarle la culpa de esta insurrección espontánea y popular sin autoinculparse.
Ya el viejo y desgastado estribillo de atribuirle todo lo malo “al imperialismo yanqui” pasó de moda y ahora solo se ven los rostros valientes de los hijos del pueblo, que esgrimen como escudo la bandera azul y blanco de la patria.
Los jóvenes cantan el himno y pintan todo con los colores patrios en rechazo a los colores partidarios que el orteguismo durante más de una década pretendió igualar o suplantar.
Como bien lo señaló mi hermano Carlos Fernando en un tuit que se hizo viral: “Al reformar la Ley de la Policía Nacional en el 2014, se eliminó al Ministro de Gobernación en la cadena de mando. Artículo 10: ‘la Jefatura Suprema de la Policía Nacional es ejercida por el presidente de la República en su carácter de Jefe Supremo’. Entonces, ¿quién es el responsable de la represión?… el supremo responsable”.
El propio general en retiro Humberto Ortega, en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en El Nuevo Herald, reconoció el pasado fin de semana que acumular tanto poder como lo ha hecho su hermano, no es una buena idea.
Refiriéndose a lo que él considera que debe ser el resultado del diálogo nacional dijo: “El resultado de este diálogo debe ser que nadie en la historia de Nicaragua vuelva a tener el poder monopólico que tuvo este gobierno, que nadie pueda copar el poder como lo ha copado esta pareja presidencial”.
Pero en lugar de entrar en razón después de este sano consejo público a su hermano Daniel, este volvió a usar su poder monopólico para tres eventos sucesivos que parecen haber sellado prematuramente el camino al diálogo que, irónicamente, él mismo ha convocado y ha cifrado sus esperanzas.
En primer lugar, la prohibición de que venga al país la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la conformación en la Asamblea Nacional bajo su poder monopólico de una comisión cínicamente llamada “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, conformada por cinco “notables” que se han caracterizado por su abyecto apoyo al Gobierno y, en tercer lugar, la insólita represión a las marchas pacíficas motorizadas en Niquinohomo y Catarina la noche del pasado domingo. Caldo para la violencia, no para la justicia ni para el diálogo.
El pueblo clama por justicia ante la masacre de más de 45 muertos asesinados comprobados, y a la que el domingo 6 de mayo se sumó la del joven Kevin Roberto Dávila López, de 23 años, fallecido en el hospital Lenín Fonseca a causa de un edema cerebral provocado por un balazo que recibió en la cabeza el 22 de abril.
Lo primero que Ortega debe hacer, si realmente quiere la paz, la justicia y la verdad —conceptos que van de la mano, entrelazados— es asegurarse que no se siga tiñendo con sangre de hermanos nuestro glorioso pendón bicolor, como dice el himno; en este sentido, él tiene la responsabilidad suprema como jefe supremo de la Policía y del Ejército, los dos cuerpos armados de la nación.
Lo segundo, sería permitir que una comisión independiente investigue y deslinde las responsabilidades de la masacre ocurrida los días 19 al 22 de abril y, en tercer lugar, crear las condiciones de paz relativa para que se pueda dar un diálogo nacional que tenga como objetivo, como bien lo han dicho claramente los obispos, la democratización de Nicaragua.
¿Cómo será esto? Cambios constitucionales, cambios en los poderes del Estado para que tengamos un poder electoral independiente, elecciones libres anticipadas, etc. Todo se verá en el diálogo nacional, pero antes deben darse las condiciones para que esto ocurra. La palabra la tiene el jefe supremo y supremo responsable.